La sentencia, dictada tras la conformidad entre las partes, relata que los hechos tuvieron lugar en enero de 2010 cuando la acusada comenzó a trabajar en la casa de la víctima para cubrir la baja de otra empleada del hogar por un plazo de tres semanas.
Durante ese periodo la acusada, "en connivencia con los otros dos acusados" con los que previamente había determinado cómo proceder para obtener un "beneficio ilícito", sustrajo "de manera subrepticia" tres cheques de la cuenta de su víctima, según recoge el fallo al que ha tenido acceso Europa Press.
Una vez que los talones estaban en posesión de los acusados y "atendiendo a lo planeado", fueron rellenados "al portador" por uno de los colaboradores de la empleada, quien simuló la firma de la dependiente. Sobre dos de los cheques se fijó un importe de 2.000 euros y sobre un tercero un importe de 2.500 euros.
Así, entre enero y febrero de ese año, los colaboradores acudieron a una sucursal bancaria en distintos días y siempre en pareja para cobrar los cheques, con lo que consiguieron apropiarse de 2.000 euros en una primera ocasión y de otros 2.000 en una segunda gracias a la participación de una cuarta persona contra la que la no pudo formularse acusación al encontrarse en rebeldía.
Fue en la tercera ocasión, a mediados de febrero, al ir a cobrar el tercero de los cheques por valor de 2.500 euros, cuando los condenados no pudieron consumar la retirada del efectivo, ya que la víctima había alertado de que le habían sido sustraídos tres cheques y que dos de ellos se habían cobrado indebidamente.
La heredera de la víctima, que falleció antes de que se celebrara la vista oral, reclamó por los perjuicios sufridos, si bien previamente los acusados abonaron 2.000 euros en la cuenta de la indemnización.
Así, el juez Fermín Javier Villarrubia tuvo en cuenta las atenuantes de reparación de daño y de dilaciones indebidas, ya que la causa estuvo paralizada "injustificadamente" durante la instrucción, para imponer a los acusados una pena de dos años de prisión a cada uno así como una multa de 840 euros, así como una responsabilidad civil de 2.000 euros que podrán abonar de forma prorrateada a partir del próximo 1 de diciembre.
La sentencia, declarada en firme y en trámite para su ejecución, accede a la suspensión de la pena privativa de libertad para los acusados por un periodo de cuatros años con la condición de que no vuelvan a delinquir durante ese periodo de tiempo.
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