Santiago de Chile, 3 dic.- La Corte de Apelaciones de Santiago revocó hoy un fallo de primera instancia y condenó a penas de presidio a ocho exejecutivos que hace unos años defraudaron a la estatal Corporación de Fomento (Corfo) de Chile, informaron fuentes judiciales.
En una resolución unánime, la V Sala del tribunal anuló un fallo del juez de primera instancia, Patricio Villarroel, que el año pasado absolvió a los procesados, acusados de infringir la ley que regula el mercado de valores defraudando a la Corfo por una suma millonaria.
Pese a las acciones judiciales iniciadas, la Corfo no pudo recuperar los instrumentos negociados ilícitamente, cuyo monto exacto no ha llegado a conocerse, aunque en 2003 se indicó que unos 126 millones de dólares provenientes del fraude habían sido sacados del país.
La Corte condenó a 800 días de prisión, remitidos a una firma periódica en el tribunal, a Javier Moya Cucurella y a 541 días de cárcel a Eduardo Monasterio Lara, presidente del grupo financiero Inverlink.
La misma pena recibieron otros seis implicados, Eduardo Tapia Donoso, Luis Hernández Palma, Lawrence Fletcher Vera, Juan Prieto Viviani, Gino Tirapegui Palomino y Frank Leigthon Castellón.
En la parte civil, se acogió una demanda presentada por la Corfo y se determinó que los condenados deben pagar solidariamente 26.462 millones de pesos (unos 44 millones de dólares) por concepto de daño emergente.
El fallo señala que BBVA Corredores de Bolsa debe pagar la indemnización, pues los dos últimos nombrados eran empleados suyos, pero en un comunicado emitido este mismo miércoles, la firma afirmó que no es responsable de los perjuicios sufridos por la Corfo y que por ello presentará los recursos judiciales que correspondan.
Según los antecedentes del caso, a finales de los años 90 los ejecutivos de Inverlink se contactaron a Javier Moya, que era el jefe de Tesorería de la Corfo, para realizar maniobras engañosas destinadas a eludir prohibiciones de ventas de papeles de la entidad estatal, "con el apoyo de entidades bancarias".
El caso quedó al descubierto en febrero de 2003, cuando el entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, descubrió que su secretaria Pamela Andrada, había estado filtrando información privilegiada a Inverlink.
El descubrimiento provocó que quienes tenían inversiones en Inverlink retiraran masivamente sus fondos, por lo cual los ejecutivos, coludidos con Javier Moya, sustrajeron 85.000 millones de pesos (unos 106 millones de dólares al cambio de entonces) para enfrentar la situación.
La repercusión le costó el puesto al vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Gonzalo Rivas, yerno del entonces presidente Ricardo Lagos, quien desdramatizó el asunto al declarar que "acá no se ha perdido un peso del Estado de Chile. Si usted tiene un jarrón en su casa y entra un ladrón y se lo roba, cuando descubran el jarrón se lo van a devolver".
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