Condenan al Estado a pagar las indemnizaciones por el motín de Picassent en 2007

Valencia.- La Audiencia de Valencia ha condenado al Estado a pagar 35.690 euros a tres funcionarios de prisiones y dos presos del centro penitenciario de Picassent por las lesiones y secuelas sufridas durante el motín de doce horas con rehenes que protagonizaron cuatro presos en esta cárcel en noviembre de 2007.

La sentencia de la Sección Segunda a la que ha tenido acceso hoy EFE condena también a los cuatro reos a veintiún años y nueve meses de prisión, pena que ya aceptaron en el juicio celebrado a principios de este mes, en el que fiscal y acusación rebajaron sus peticiones de condena -184 y 308 años en total, respectivamente- después de que los procesados reconocieran los hechos.

Los reos confesaron la autoría de cuatro delitos de detención ilegal, tres de lesiones y uno continuado de atentado, además de dos faltas de malos tratos y tres de amenazas.

Alcanzada la conformidad sobre la condena de prisión, el tribunal ordenó la continuación de la vista respecto a la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, dado que las partes no llegaron a un acuerdo en este punto.

El fiscal solicitaba que el Estado indemnizara con 33.800 euros a las víctimas y con 90 y 2.000 euros a dos presos por las lesiones sufridas durante el motín, y la acusación particular fijaba una indemnización total de 41.690 euros y declaraba también responsable civil subsidiario al Estado.

El abogado del Estado, no obstante, reclamaba la absolución de esta responsabilidad.

Los primeros sostienen que la ausencia de vigilancia propició unos actos en los que los internos portaban unos "pinchos que estaban dentro de la cárcel, cuyo responsable es el Estado, no los funcionarios", mientras que el representante procesal del Estado insiste en que los medios de vigilancia sí "existían".

El tribunal recuerda que el Código Penal señala al Estado como responsable civil subsidiario del pago de indemnizaciones que deban ser abonadas por quienes cometan delitos producidos "concurriendo o aprovechando infracción de reglamentos de policía o disposiciones de la autoridad, de manera que sin dichas infracciones el delito no se habría cometido".

Señala que el relato de los hechos revela que los acusados pudieron llevar a cabo la reducción de los funcionarios y las acciones subsiguientes gracias a que se hicieron con "instrumentos punzantes que habían ocultado en un desagüe".

Apunta que no consta que el descuido o incumplimiento de medidas de cuidado o seguridad de estos funcionarios posibilitara a los presos tener las armas, pero destaca que los reos dijeron en la sala que los objetos eran de los propios funcionarios, a los que se los arrebataron de entre sus enseres personales.

En su opinión, no queda acreditado que los hechos fueran favorecidos por incumplimientos de medidas de seguridad por parte de los funcionarios pero estima que el Estado tiene la obligación adoptar las medidas que garanticen la seguridad de los internos y de las personas que trabajan en el establecimiento penitenciario.

"En este caso se revela una quiebra del sistema de seguridad que resulta imputable a la autoridad penitenciaria", concluye.

La sentencia llega más de tres años después de que los internos Manuel C.G., Ernesto C.G., Francisco José S.B. y Pedro Antonio M.R. retuvieran durante doce horas a tres funcionarios, que finalmente fueron liberados.

La revuelta comenzó sobre las 18.00 horas en el módulo de presos conflictivos con el secuestro de tres funcionarios, a quienes los reclusos retuvieron durante más de doce horas y amenazaron con objetos punzantes.

Uno de los funcionarios sufrió heridas incisas en cuello y región frontal, fractura de dos costillas y síndrome de estrés postraumático con tratamiento psiquiátrico que persiste en la actualidad, y otro tiene síndrome ansioso-depresivo, con tratamiento psicológico, y numerosas contusiones.

El tercero sufrió una rotura de menisco externo y varias contusiones.