Confirman la fianza a una empresaria que cobró el despido y siguió trabajando

Sevilla, 15 feb.- La Audiencia de Sevilla ha confirmado la fianza civil de 4.089.639 euros impuesta por la juez de los ERE a Encarnación Poto Moge, expresidenta de la empresa ACYCO, porque cobró el despido y prestaciones por desempleo pero siguió como presidenta del consejo de administración y cobró dietas.

La Sección Séptima de la Audiencia, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, dice que concurren "severos indicios de criminalidad" en la empresaria, que según la juez de los ERE, Mercedes Alaya, recibió rentas por importe de 276.505 euros por su prejubilación y, pese a ello, siguió desempeñando el cargo de presidenta de ACYCO.

En ese puesto, "estuvo percibiendo hasta el año 2011 dietas que superaban con creces el salario mensual que percibía como trabajadora de ACYCO antes del ERE", según la juez.

Ahora, la Audiencia rechaza el recurso de la imputada contra dicha medida y dice que fue "irregularmente" incluida en el ERE de 2003 de su empresa, junto a otros dos "intrusos" que nunca trabajaron en la compañía.

Poto cobró indemnizaciones por despido y prestaciones por jubilación "pese a que iba a continuar y continuó como presidenta del Consejo de Administración de la empresa, cobrando además las oportunas dietas", dice la Audiencia.

Precisa el auto que dicha participación en la marcha posterior de Aceitunas y Conservas (ACYCO) fue además "activa", puesto que Poto Monge asistió a reuniones con los entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, ambos imputados en los ERE.

Añade que la fianza civil se acordó en base al importe de 2.951.413 euros percibido por ACYCO junto a los 109.620 euros que le entregó la Junta "como ayuda sociolaboral de carácter excepcional para mantener 144 puestos de trabajo, pese a ser inferior la plantilla de la empresa", todo ello incrementado en el tercio legal.

Esa cantidad de 109.620 euros, recuerda la Audiencia, se destinó a pagar los honorarios del bufete de abogados que le asesoró en el ERE, lo que lo convierte en "dinero público desviado de la finalidad para la que se concedió".

Según el auto de Alaya, Poto Monge cobró dietas "tan inusuales" como 36.000 euros en el año 2004, 24.000 en 2005 y 48.000 euros en 2006 hasta alcanzar los 98.995 euros en 2010.