Pamplona, 10 abr.- La Sección Tercera de la Audiencia de Navarra ha confirmado la condena de cuatro meses de prisión y 360 euros de multa impuesta a un guardia civil que fingió haber sufrido un atentado en la localidad navarra de Leitza en noviembre de 2009.
La Audiencia ha desestimado el recurso de la defensa contra la sentencia dictada en junio de 2012 por la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona, que lo condenó por los delitos de desórdenes públicos y simulación de delito en grado de tentativa.
La sentencia es firme, según el fallo, que considera probado que el acusado prestaba sus servicios como agente de la Guardia Civil en el cuartel de Leitza, cuando sobre las 3.30 horas del 30 de noviembre de 2009 se dirigió solo a las inmediaciones del edificio y se disparó a sí mismo en el antebrazo izquierdo.
A continuación dio aviso a sus compañeros a los que dijo que había sido tiroteado por dos individuos desconocidos que habían salido huyendo posteriormente, para aparentar haber sido víctima de un atentado.
En la misma transmisión advirtió a los agentes de que no salieran a auxiliarle debido a que junto a él había un tubo apuntando al cuartel, según detalla la sentencia, que recoge que ese artefacto consistía en tres tubos de PVC unidos con cinta de embalar y cerrados con sendos tapones de los que salían tres cables que llegaban hasta un recipiente de plástico, pero sin "ningún elemento explosivo o incendiario".
Al respecto añade que ese artefacto fue fabricado por el propio acusado, quien al atardecer del mismo día lo colocó en el lugar de los hechos.
Debido a su advertencia el cuartel fue desalojado y hasta el lugar acudió una dotación del Equipo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil (Edex).
El juez considera probado que durante la comisión de los hechos el acusado "tenía afectadas sus capacidades intelectivas y volitivas con carácter leve debido al estado emocional en que se encontraba unido a su personalidad histriónica y mitomaníaca".
Al mismo tiempo sostiene que actuó "con ánimo de alterar la paz pública y causar gran alarma", algo que "sabía que se iba a producir por ser precisamente miembro de la Guardia Civil".
Posteriormente, el 17 de septiembre de 2010, el acusado remitió diversas cartas al consejero de Justicia y al presidente del Gobierno de Navarra y a la delegada del Gobierno en Navarra pidiendo perdón por los hechos.
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