Corrupción. La audiencia nacional avala las escuchas telefónicas de garzón en el “caso pretoria”

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la instrucción realizada por el juez Baltasar Garzón en el “caso Pretoria” y ha rechazado declarar la nulidad de las escuchas telefónicas a las que se sometió a los imputados de la trama de corrupción que presuntamente operaba en Santa Coloma de Gramanet y otros municipios de la provincia de Barcelona.

Los magistrados de la Sección Cuarta, presididos por Ángela Murillo, aseguran que Garzón cumplió “los requisitos procesales necesarios” a la hora de ordenar la intervención de las conversaciones y destacan que resultaba imprescindible “que los imputados desconocieran que estaban siendo investigados”, según se recoge en el auto hecho público este viernes.
El tribunal desestima por lo tanto los recursos de los imputados y recuerda además que las intervenciones se acordaron en una “investigación por delitos graves” y estuvieron amparadas “por una adecuada motivación sobre la base de unos detallados informes policiales”.
Los principales imputados, entre ellos Bartomeu Muñoz, ex alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, pidieron la nulidad alegando que las escuchas telefónicas quebraron las garantías constitucionales de sus clientes, de forma similar a lo que sucedió en el “caso Gürtel”, en la que el juez Garzón –que se encuentra encausado en el Supremo por esta medida- ordenó intervenir las conversaciones que mantuvieron en prisión los presuntos cabecillas de la trama con sus abogados.
El fiscal anticorrupción Luis Pastor, encargado del “caso Pretoria”, se opuso a que se decretase la nulidad de las escuchas.
El instructor de la causa, el juez Pablo Ruz, mantiene la imputación a 20 ex altos cargos y empresarios catalanes por su presunta participación en las actividades urbanísticas fraudulentas de los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.
Entre los imputados, además de Bartomeu Muñoz, se encuentran el exdiputado del PSC Luis García, presunto líder de la trama, y los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Todos ellos se encuentran en libertad bajo fianzas de hasta 500.000 euros.