CorteIDH busca respuesta de Colombia a Holocausto de Justicia 28 años después

Bogotá, 12 nov.- Las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) hoy y mañana en Brasilia sobre la toma del Palacio de Justicia buscan respuestas del Estado colombiano a los hechos de 1985 que dejaron un centenar de muertos, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema, y al menos 11 desaparecidos.

La toma del Palacio por unos 40 miembros del M-19, guerrilla hoy desmovilizada, y la recuperación a sangre y fuego del edificio situado en el centro de Bogotá, es una herida abierta por la impunidad que desde hace 28 años rodea el caso pese a los procesos judiciales que se han abierto y unas pocas condenas a jefes militares de la época.

El Holocausto del Palacio de Justicia, como se le llama en el país, se remonta al mediodía del 6 de noviembre de 1985 cuando el comando armado del M-19 penetró en el Palacio y tomó como rehenes a más de 300 personas entre magistrados, empleados y visitantes, para hacer un "juicio político" al entonces presidente colombiano, Belisario Betancur (1982-1986).

La Comisión de la Verdad creada para investigar los hechos concluyó en su informe final de 325 páginas presentado en 2009 que "todo indica que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín (grupo narcotraficante que dirigía Pablo Escobar) para el asalto al Palacio de Justicia" como parte de su guerra contra la extradición.

La toma provocó una inmediata reacción del Ejército y la Policía que se prolongaría hasta la tarde del día 7 cuando la edificación, totalmente arrasada por las balas, los explosivos y el fuego que la consumió durante la noche del día 6, fue finalmente recuperada con la ayuda de blindados.

"Nadie podía imaginar que 28 horas después, el Palacio de Justicia sería arrasado como resultado de una de las acciones más demenciales que el país ha presenciado, resultado de la violenta incursión armada de la guerrilla y la desproporcionada respuesta del Estado", consignó el informe de la Comisión de la Verdad.

Dicho informe señala que el Estado colombiano debe aceptar la responsabilidad por la toma guerrillera y por el "exceso" de la fuerza utilizada en la recuperación del Palacio de Justicia.

"Realmente es indiscutible que hubo un exceso de la fuerza pública en la recuperación, que hubo una gravísima falla en el servicio al ser retirada sin ninguna justificación valedera (...)" la seguridad de la edificación, declaró entonces el magistrado Nilson Pinilla, uno de los tres miembros del comité investigador.

El informe consignó además que "el 6 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia amaneció sin protección policial", custodiado sólo por seis empleados de una empresa de vigilancia privada.

Igualmente, consideró que en la operación de retoma no se atendieron los llamamientos a proteger la vida de los rehenes, de los cuales todavía retumba el del entonces presidente de la Corte Suprema, magistrado Alfonso Reyes Echandía, quien en conversaciones telefónicas con emisoras de radio el día 6 pidió encarecidamente: "Que cese el fuego".

Reyes Echandía murió durante la toma al igual que los magistrados Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Horacio Montoya Gil, Alfonso Patiño Rosselli, Fabio Calderón Botero, José Eduardo Gnecco Correa, Fanny González Franco, Ricardo Medina Moyano, Pedro Elías Serrano Abadía y Darío Velásquez Gaviria, todos ellos parte de una generación brillante de juristas.

Además de los magistrados, entre el centenar de muertos de la toma del Palacio de Justicia hubo también 22 funcionarios, siete auxiliares del tribunal, 11 miembros de la Fuerza Pública, numerosos guerrilleros y civiles, y al menos 11 desaparecidos.

Por esos hechos, el fiscal general, Eduardo Montealegre, anunció el pasado día 6, al cumplirse 28 años de la tragedia, que abrirá tres líneas de investigación para establecer posibles responsabilidades entre quienes estuvieron vinculados con la toma del Palacio.

Una de las líneas apunta a la presunta responsabilidad penal que se les podría atribuir a algunos de los ministros del Gobierno de Betancur y la eventual implicación del propio exmandatario, hoy de 90 años.

Otra investigación tiene que ver, según el fiscal, con la posible responsabilidad de altos mandos de la Policía en la época y una tercera con la del entonces director de los servicios de inteligencia del Estado, general retirado Miguel Maza Márquez.

Durante las 28 horas que duró la toma hubo un "inexplicable vacío de poder dado que el presidente simplemente fue un espectador del desarrollo de los desastrosos acontecimientos", escribió la Comisión de la Verdad en su informe final.