Bogotá, 25 ago.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) cerró hoy sus audiencias públicas de tres días en Bogotá, en las que revisó cuatro casos y levantó las medidas provisionales adoptadas desde 2002 para una cárcel en Brasil.
Los magistrados del alto tribunal celebraron en la capital colombiana su 92 período de sesiones, en el que evacuaron el proceso de una jueza chilena lesbiana y el de dos periodistas argentinos que publicaron artículos que dieron cuenta del hijo extramatrimonial del expresidente de ese país, Carlos Menem.
Asimismo, revisaron la situación de las medias cautelares de la cárcel de Urso Branco en la periferia de la ciudad de Porto Velho del estado de Rondonia de Brasil, que fueron levantadas este jueves.
También analizaron el caso de la Unidad de Internación Socioeducativa (UNIS), del estado de Espíritu Santo, también de Brasil, al que los representantes del estado solicitaron el levantamiento de las medidas provisionales, decisión que fue aplazada.
En los dos casos de los centros penitenciarios se han denunciado hacinamiento, asesinatos, torturas abusos sexuales y otros crímenes y violaciones de los derechos humanos, por los que el sistema interamericano solicitó al Gobierno de Brasil adoptar medidas para evitar esas situaciones.
En el caso de Urso Branco, el levantamiento de las medidas fue anunciado en la penúltima de las cuatro audiencias y a petición de las partes y de la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Oficialmente se levantan las medidas provisionales de la CorteIDH del 28 de junio de 2002 y renovadas en varias ocasiones. Estaremos atentos a aspectos formales pendientes y quiero destacar la relevancia del levantamiento", dijo el presidente del tribunal, el peruano Diego García-Sayán.
Añadió que la Corte "se felicita por la superación de este tipo de situación y del papel de dedicación activa de los distintos estamentos de Brasil y de las organizaciones de seguimiento de la CIDH para afrontar una situación como ésta".
El Gobierno del estado de Rondonia de Brasil y representantes de los llamados beneficiarios de las medidas, junto a la CIDH, lograron acordar el levantamiento de las medidas tras comprobar que las autoridades responsables tomaron nota de las sugerencias formuladas.
"Es clarísimo que el acuerdo expresado, transmite la información suficiente de que no existen ya las condiciones para dictar medidas provisionales", agregó el presidente de la CorteIDH.
Sin embargo, en el análisis a la situación de la UNIS del estado de Espíritu Santo, la representante de la CIDH expresó que, al escuchar a las partes estado y víctimas (o beneficiarios), "pareciera que se hablara de dos cosas distintas".
Las medidas cautelares para la cárcel de Urso Branco fueron impuestas en enero de 2002 y prolongadas en varias veces, y en febrero pasado para la UNIS, que se prolongarán hasta septiembre próximo.
En la UNIS, cuya población es de jóvenes adolescentes entre los 12 y los 18 años, persiste, al parecer, una situación de hacinamiento, torturas, riesgo, abusos sexuales, asesinatos, y distintas violaciones a los derechos humanos.
En el caso de la jueza chilena, la Corte se concentró en la primera demanda de discriminación por orientación sexual presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que supone que su fallo sentará un precedente en América.
El caso de la jueza Karen Atala Riffo y de sus hijas contra el Estado de Chile, fue remitido el 17 de septiembre de 2010 a la CIDH.
La demanda contra Chile guarda relación con las alegadas violaciones en perjuicio de Karen Atala y sus hijas, "por el (presunto) trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar debido a su orientación sexual".
El tribunal también revisó el caso Fonteveccchia y D'Amico contra Argentina, presentado el 10 de diciembre de 2010 por la CIDH a la CorteIDH.
En Bogotá fueron escuchadas las partes incluidos los periodistas afectados, Jorge Fontevecchia y Hector D'Amico, quienes revelaron la existencia de un hijo extramatrimonial del expresidente Carlos Menem.
La CorteIDH emitirá los fallos de los casos de la jueza chilena y de los periodistas argentinos en un lapso de entre cuatro y seis meses.
Los magistrados que participaron en las audiencias en la capital colombiana fueron, además de García-Sayán, Manuel Ventura (Costa Rica), Margarette May Macaulay (Jamaica), Rhadys Abreu (República Dominicana), Alberto Pérez (Uruguay) y Eduardo Vio Grossi (Chile).
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