Cospedal pone en marcha el consejo asesor de servicios sociales de castilla-la mancha

La Junta de Castilla-La Mancha, que preside María Dolores de Cospedal, aprobó este jueves la creación del Consejo Asesor de Servicios Sociales, que pretende ser “el máximo órgano participativo, consultivo y asesor de la comunidad autónoma en materia de servicios sociales”.
El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, explicó en rueda de prensa que con decisiones como esta el gobierno autonómico garantiza “un seguimiento específico de los servicios sociales en nuestra región” a todos los manchegos.
Esteban señaló que el Pleno del Consejo va a estar integrado por un presidente, un vicepresidente, los vocales y el secretario. El presidente del Consejo va a ser la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, en este caso el consejero José Ignacio Echániz.
Serán vocales natos del Consejo cinco representantes de la Administración autonómica -con rango de director general- de las consejerías competentes en materias relativas a sanidad, educación, empleo, administración local y mujer.
Estas materias reflejan, en su opinión, el “carácter transversal” del Consejo, que repercutirá en una mejor función de asesoría y consultoría en materia de servicios sociales.
El Pleno del Consejo se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, y hacerlo con carácter extraordinario cuando la importancia o urgencia de los asuntos a tratar así lo requieran. Además, se pondrá en marcha una Comisión Permanente, que se reunirá cuando haya asuntos a tratar que así lo requieran y, como mínimo, una vez al año.
Entre las funciones que corresponden al Pleno del Consejo, están las de deliberar sobre la orientación general de los servicios sociales en la región, además de asesorar y elevar propuestas a la Consejería en relación con la planificación, ordenación y coordinación de la política de servicios sociales.
También informará sobre el mapa de servicios sociales, valorar los proyectos de normativa sobre servicios sociales con rango de ley o informar sobre las modificaciones del catálogo de prestaciones, siempre que afecten a la eliminación de alguna prestación garantizada.