Costa Rica continuará carretera tras rechazo de CIJ a medidas cautelares

San José, 13 dic.- El Gobierno de Costa Rica anunció hoy que continuará con las obras en un camino de lastre de 160 kilómetros paralelo a la frontera con Nicaragua, luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya rechazara este viernes una petición de medidas cautelares hecha por Managua.

El ministro costarricense de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, dijo en una conferencia de prensa que ya está adjudicado el contrato a la empresa local CACISA para el diseño del primer tramo de 45 kilómetros.

Castro afirmó que espera que en enero próximo estén adjudicados los diseños para los restantes cuatro tramos y que a mediados de 2014, con los estudios finalizados, se abrirá la licitación para comenzar la construcción.

Hasta el momento, lo que ha hecho Costa Rica en la zona se le conoce como "la trocha fronteriza", un rústico camino casi intransitable para vehículos, en el que las autoridades están trabajando para colocar puentes y realizar algunas obras como alcantarillas y muros de contención, explicó el ministro.

Castro dijo que hasta el momento se ha invertido en la vía, llamada Ruta 1856, unos 20.000 millones de colones (alrededor de 40 millones de dólares) y que para concluirla se requerirán cerca de 30.000 millones de colones más (unos 60 millones de dólares).

Nicaragua demandó a Costa Rica ante la CIJ en 2011 por supuestamente causar daños ambientales al fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, durante la construcción de la carretera.

La CIJ rechazó este vienes una petición de medidas cautelares realizada por Nicaragua, al asegurar que "no demostró la urgencia" de las mismas.

Para los magistrados, Nicaragua tampoco ha demostrado que la sedimentación sobre el río haya sido causada por las obras de la carretera ni "tengan un impacto a largo plazo" sobre su caudal.

Los jueces estimaron que Nicaragua "tampoco ha explicado cómo las obras del río pueden dañar las especies y el ecosistema de los humedales, al igual que no ha identificado las especies que podrían ser afectadas".

El Gobierno costarricense ha asegurado que ha realizado trabajos para mitigar el impacto ambiental de la vía, como la siembra de unos 48.000 árboles a lo largo del trayecto que se ubica en una zona con altos índices de deforestación debido a actividades agrícolas y ganaderas.

Según el Gobierno, el tramo une a 20 comunidades de bajo desarrollo cuya única vía de comunicación era la navegación por el río San Juan, para lo que estaban sujetas a permisos del ejército nicaragüense.

Con esta carretera de lastre, las autoridades gubernamentales también pretenden llevar servicios básicos de electricidad y agua potable a las comunidades fronterizas y aumentar la vigilancia policial para ejercer soberanía en la zona.

El caso de la carretera es tramitado por la CIJ en un solo expediente junto con otra demanda de Costa Rica contra Nicaragua, presentada en 2010, por la alegada invasión a una porción de su territorio en Isla Portillos (fluvial) y daños ambientales en el lugar.