San José, 17 may.- El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, afirmó hoy que el grupo de ecuatorianos que la semana pasada pidió asilo político en la embajada costarricense en Quito, nunca completó la solicitud formal.
"Pareciera que ellos desistieron porque la solicitud que habían hecho por escrito estaba incompleta, le faltaba información, y se les previno que completaran la información para darle trámite", cosa que no hicieron, declaró hoy Castillo a los periodistas.
Desde el pasado viernes, Pablo Chambers y sus colegas José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo, han acudido a las embajadas de Costa Rica, Panamá, Chile, Reino Unido y el Vaticano en Quito para presentar las solicitudes de asilo, pero no han recibido respuesta hasta el momento.
Estas cuatro personas son los miembros de una veeduría que determinó que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, conocía los contratos que su hermano Fabricio tenía con el Estado, y ahora temen ser encarcelados por denunciar esos hechos.
"Lo que supimos luego por la prensa es que se habían desanimado y presentado solicitudes en otras embajadas. El asunto está estancado", expresó el canciller costarricense.
Para hoy está previsto que los cuatro ecuatorianos comparezcan ante el Juzgado Quinto de Garantías Penales de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, pero temen que el juez Raúl Martínez les niegue la libertad condicional y los encarcele a la espera de que se celebre un juicio.
Chambers dijo ayer en Quito que se les acusa de "perjurio, tratando de desestabilizar la democracia", lo que calificó con "algo parecido a terrorismo" y que "no tiene medidas sustitutivas a la prisión".
El presidente Correa fue quien solicitó la creación de la veeduría, pero una vez que hizo público su informe hace un año, acusó a sus miembros ante la Fiscalía de manipular documentos y de presentar una conclusión falsa.
En su informe, la veeduría aseveró que el volumen de los contratos de Fabricio Correa, hermano del presidente, ascendía a 657 millones de dólares y que hubo un perjuicio para el Estado de 140 millones.
También afirmó que Rafael Correa sí conocía esos contratos y que hubo favoritismo en su adjudicación en favor de Fabricio.
El mandatario ha negado esas afirmaciones y canceló los contratos después de que una investigación periodística los sacara a la luz.
Los periodistas que revelaron el caso, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, también afirmaron en su libro "El Gran Hermano" que Correa sabía de los contratos.
El mandatario les enjuició por injurias por ello, pero tras ser condenados al pago de 2,1 millones de dólares los perdonó.
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