Costarricenses con infertilidad claman a Corte IDH por autorización de FIV

San José, 5 sep.- Costarricenses que padecen de infertilidad narraron hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el sufrimiento que han experimentado debido a la prohibición que mantiene el país a practicar la fecundación in vitro (FIV) desde el año 2000.

Esta decisión, tomada por la Sala Constitucional, llevó este miércoles al país al banquillo de los acusados de la CorteIDH por segunda vez en su historia, y lo mantiene como la única nación americana en donde esta técnica médica no está permitida.

Los jueces interamericanos escucharon el testimonio de dos de las supuestas víctimas, quienes aseguraron que el Estado los obligó a renunciar a la ilusión de ser padres y de formar una familia, violando así sus derechos.

Miguel Mejía, uno de los afectados, contó que debido a un accidente laboral perdió la capacidad de caminar y casi por completo la de procrear, por lo que junto con su esposa desde 1993 intentó adoptar un niño, cosa que no lograron, por lo que en 1997 se interesaron en la fecundación in vitro.

Según Mejía, en un inicio la técnica no dio resultados porque su esposa tenía un problema en el útero, por lo que se sometió a una operación, y cuando ambos estuvieron listos, en 2000, llegó el fallo que prohibió el procedimiento de la fecundación in vitro.

El matrimonio de Mejía terminó, y años después su exesposa volvió a casarse y ahora es madre.

Para el antiguo obrero de la construcción, la imposibilidad de convertirse en padre debido a un mandato del Estado no solo acabó con su matrimonio, sino que afectó toda su vida, pues ese era su gran sueño.

"Antes y ahora nos dicen que por qué eéramos tan vanidosos, que por qué no adoptábamos un hijo, pero esa puerta también se nos cerró. Nos quitaron el derecho a ser padres", afirmó Mejía.

Historias similares cuentan cada uno de los demandantes en este caso, que son apoyados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

En la presentación inicial del caso ante los jueces, la CIDH señaló este miércoles que el Estado costarricense ha violado durante los últimos 12 años los derechos a la vida familiar, privada y a la igualdad, de estas personas con problemas de infertilidad.

"Esta prohibición hace inalcanzable un derecho a estas parejas y las deja en una situación de desventaja", expresó una vocera de la Comisión durante la audiencia del caso.

La Sala Constitucional determinó en el año 2000 que la FIV violaba el derecho a la vida de los embriones fecundados, pues la técnica permitía desechar algunos antes de ser implantados en el útero de la madre.

Esta tesis es aún defendida por el Estado, que presentará sus peritos ante los jueces para tratar de demostrar que la técnica, una de las más populares en el mundo, atenta contra la vida humana.

En los argumentos escritos presentados por la defensa meses atrás, se subraya que "la vida se inicia desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen", y que la Constitución costarricense obliga a la defensa de la vida.

La Iglesia católica y diversos grupos evangélicos han alzado en los últimos meses su voz y lanzado campañas mediáticas en contra de este procedimiento médico, con el argumento de que están "defendiendo la vida".

Los activistas de derechos humanos también se han manifestado a favor de la técnica de la fecundación in vitro, y el país se ha visto envuelto en una polémica al respecto desde hace más de un año.

El abogado defensor de las supuestas víctimas, Boris Molina, reiteró este miércoles a periodistas que las parejas demandantes confían en obtener un triunfo contundente que devuelva la esperanza a otras personas en el país que sueñan con tener una familia.

"Esta gente fue condenada a una esterilidad perpetua cuando hay opciones para ayudarlas", lo que representa un retroceso en el sistema social y de salud del país, dijo Molina.

La CorteIDH ha señalado que emitirá una sentencia sobre este caso antes de que finalice el año.