San Juan, 17 dic.- Los independentistas puertorriqueños entienden que la falta de beneficio económico o político para EE.UU. en el caso de Óscar López no favorece avances en el excarcelamiento del preso boricua, tal y como ha ocurrido hoy en La Habana con el estadounidense Alan Gross, a cambio de la libertad de tres cubanos.
El secretario de Relaciones con EE.UU. del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Manuel Rodríguez Orellana, señaló hoy a Efe que la falta de un beneficio electoral o económico para la Administración de Barack Obama y el desconocimiento entre los hispanos de EE.UU. del caso de López puede ser el motivo de la falta de avances en el caso de este último.
De 71 años y luchador en favor de la independencia de Puerto Rico, López fue detenido en 1981 y condenado a una pena de 55 años de cárcel por conspiración sediciosa, entre otros delitos, a los que se añadieron posteriormente otros quince años en 1987 por un intento de fuga. En la isla está considerado un preso político.
Orellana consideró que en el caso de Gross, encarcelado en diciembre de 2009 cuando trabajaba en Cuba como contratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), puede haber influido en el interés de Washington por no quedarse atrás en futuros acuerdos comerciales con Cuba y la repercusión electoral que puede tener cualquier gesto hacia el país caribeño.
"No tengo confianza en el avance del caso López a raíz de este anuncio porque no hay votos que canjear", dijo Orellana.
El político independentista señaló además que Puerto Rico no es un tema prioritario para Obama, entre otros motivos porque tampoco tiene una gran repercusión entre los hispanos de EE.UU.
"Es contradictorio si se tiene en cuenta la cantidad de indultos que concede EE.UU.", sostuvo el dirigente del PIP, una formación que promete seguir luchando en foros internacionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para presionar a Washington.
López Rivera lleva encerrado más de 33 años a causa de una ley de EE.UU., del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado, que determina la conspiración sediciosa cuando dos personas o más en cualquier estado, territorio o jurisdicción de su país conspiran para derrocar o destruir por la fuerza el Gobierno.
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