Crimen de maestro oscurece aún más la visión de la dictadura, según familia

Raúl Cortés

Montevideo, 8 dic.- La forma de morir del maestro uruguayo Julio Castro, secuestrado en 1977 y cuyos restos fueron hallados recientemente en un cuartel con signos de haber sido torturado y ejecutado, oscurece aún más la visión de la dictadura uruguaya, afirmó hoy en una entrevista con Efe el nieto de la víctima.

Una semana después de la identificación oficial de los restos, Roberto Castro opinó que el crimen "cambia totalmente el eje de la discusión" sobre el verdadero carácter del gobierno que entre 1973 y 1985 rompió con la tradición democrática uruguaya y actuó de forma coordinada con los órganos represores del Cono Sur suramericano.

"Uno veía la dictadura uruguaya y hasta uno creía que los militares eran buenos, o no tan malos" en comparación con lo que sucedió en Chile y Argentina, "lugares donde pasaron cosas tremendas", indicó.

Sin embargo, el caso de Castro, que falleció a los 68 años, "cambia totalmente el eje de la discusión" porque la ciencia habla "de una persona torturada, con huesos rotos, ajusticiada con uno o más balazos", denunció el nieto.

"Estamos hablando de un maestro de 68 años, cuya única arma eran sus pensamientos, su forma de actuar", y que después de ser asesinado, fue enterrado en "un pozo de más de un metro setenta" con "cuarenta kilos de cal viva para tratar de destruir el cuerpo", argumentó.

En la entrevista Roberto reveló que el hallazgo le tomó por sorpresa, entre otras cosas porque cuando se anunció el descubrimiento de los huesos en el Batallón 14, a las afueras de Montevideo, el 21 de octubre pasado, la familia pensó que debía tratarse de otro caso.

"Tampoco uno se quiere hacer muchas expectativas", señala al recordar que en aquel cuartel se buscaban los restos de María Claudia García, nieta del poeta argentino Juan Gelman y madre de Macarena Gelman, que vivió durante 23 años sin conocer su verdadera identidad al ser arrebatada al nacer de los brazos de su madre.

Lo que más le duele es que su padre falleció en 2009 sin "el derecho natural de poder enterrar a sus mayores", aunque también le molestan los errores e imprecisiones de las versiones oficiales proporcionadas anteriormente sobre el devenir de su abuelo.

Puede llegar a entender que la dictadura mintiera al informar que Castro había tomado un avión a Buenos Aires, pero cuestiona que el informe de la Comisión para la Paz, elaborado durante la gestión del presidente Jorge Batlle (2000-2005), sostuviera que fue asesinado, incinerado y sus cenizas esparcidas en el Río de la Plata.

"Recibió informes falsos, hoy en día sabemos que son falsos, pero la Comisión para la Paz los avaló. No estamos diciendo que los integrantes actuaron de mala fe ni mucho menos, lo que decimos es que sí avalaron una mentira", se queja.

La familia está viviendo la nueva situación con entereza porque es "de carácter fuerte", especialmente su tía Hebe (hija del maestro), de casi ochenta años y que vive en Soriano, a unos 400 kilómetros de Montevideo, pero Roberto aclara también que "el proceso cada persona lo va llevando a su manera".

Cree que con lo sucedido se está "cerrando un círculo" y que ahora los descendientes de Castro, también periodista y fundador del emblemático semanario Marcha, pueden "iniciar su duelo real", algo solo posible "cuando uno realmente tiene a sus muertos".

Según la Comisión para la Paz, la dictadura en Uruguay dejó 38 desaparecidos, aunque en Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos; en Chile, ocho; en Paraguay, dos, y en Brasil, una.

El caso de Castro fue reabierto en 2010 después de que el actual presidente, el exguerrillero José Mujica, lo excluyera de la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009, y que dejó impunes los crímenes de la dictadura.

Roberto es además optimista respecto al inédito anuncio realizado el lunes pasado por el comandante en jefe del Ejército, el general Pedro Aguerre, de que "no encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas", ni permitirá la existencia de un "pacto de silencia" en la institución.

"Me parece bárbaro, bien, son declaraciones muy fuertes", porque representan "un cambio tremendo", afirma.

Además hay un elemento que refuerza aún más sus renovadas esperanzas de que se haga justicia: "En este país se escribe todo, tiene que haber algo escrito en algún lugar".