Nueva crisis en la Audiencia Nacional. En esta ocasión por el nombramiento de los jueces de apelación de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la misma que se situó en medio de la polémica de impuesto de los Actos Jurídicos Documentados en pasado mes de diciembre, ha anulado los nombramientos de los magistrados Enrique López y Eloy Velasco como miembros de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que acordó en mayo de 2017 el Consejo General del Poder Judicial.
La decisión deriva de la estimación de los recursos presentados contra estos nombramientos por otros dos jueces, los magistrados Manuela Fernández Prado (de la Sala Penal de la Audiencia Nacional) y Carlos Valle (juez de Instrucción en Madrid), que también se presentaron al concurso por las plazas.
Enrique López y Eloy Velasco, considerados ambos de corte 'conservador', fueron nombrados en sus puestos el 17 de mayo de 2017 por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tras un concurso en el que se disputaron las plazas con otros 30 jueces, la mayor parte magistrados de la Audiencia Nacional.
La decisión en aquella permanente se adoptó por mayoría de 6 votos a 2 (los de los vocales Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda) y de conformidad con el informe solicitado por la propia Comisión a su gabinete técnico sobre el modo en que debía interpretado el párrafo segundo que artículo 330.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fija los requisitos.
El debate sobre la condición de "especialista"
En concreto, dispone que la provisión de plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se resolverá a favor de quienes tengan más de 15 años de antigüedad en la carrera y 10 en lo penal, "prefiriéndose entre ellos a quienes ostenten la condición de especialista".
El informe del gabinete técnico debía aclarar si existían magistrados especialistas en el orden jurisdiccional penal y precisar si podían ostentar esta condición quienes accedieron a la categoría de magistrado mediante las pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal.
Tras analizar la cuestión, concluyó que "a los solos efectos previstos en la norma" (es decir, la cobertura de plazas en las que la especialización sea mérito preferente), los magistrados que accedieron a esta categoría mediante las pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal "tendrán la consideración de especialistas". Los jueces Eloy Velasco y Enrique López reunían ese perfil.
La primera sala de apelación de la Audiencia Nacional
Velasco y López son los dos magistrados que junto al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro integran la primera Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional de la historia española, pues hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, este tribunal no contaba con segunda instancia. Ésta empezó a funcionar el 1 de junio de 2017 y su primera sentencia se dictó en diciembre de aquel año para confirmar la inadmisión de una querella contra 9 miembros de las fuerzas de seguridad de Siria que había impulsado en España una ciudadana de aquel país.
Entre los pronunciamientos más conocidos desde entonces, destaca el recurso de apelación sobre la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en 2016, un fallo con el que confirmaron que no se trató de un delito de terrorismo aunque sí contenía agravantes de odio. Mantuvieron las condenas impuestas por la Audiencia Nacional en primera instancia excepto en un caso en el que hubo una rebaja al eximir al acusado de uno de los delitos.
También ha sido la Sala de Apelaciones la encargada de dar forma a un cambio de criterio generalizado en la Audiencia Nacional a partir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y ha venido rebajando las condenas por enaltecimiento del terrorismo a personas como el rapero Pablo Hasel, a quien la Sección Primera impuso dos años de cárcel que tras la apelación se quedaron en nueve meses.
En la misma línea obró con la sentencia sobre los integrantes de grupo musical 'La insurgencia', a quienes rebajó de dos años y un día al mínimo legal de seis meses y un día de prisión la condena al entender que como ETA y los GRAPO están desmantelados y la gravedad del enaltecimiento es menor que cuando se justifica a un grupo terrorista en activo.
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