Cuatro municipios de Guatemala en estado de sitio por protestar contra minera

Guatemala, 2 may.- El Gobierno de Guatemala decretó hoy el estado de sitio en cuatro municipios del este del país para controlar la violencia desatada en esa región por las protestas relacionadas con las operaciones de una mina de capital canadiense.

La medida, que suspende las garantías constitucionales de los habitantes de esas comunidades, fue decretada por el presidente Otto Pérez Molina, luego de que el pasado lunes pobladores de Santa María Xalapán, en el departamento de Jalapa, retuvieran por varias horas a 23 policías y les quitaran sus armas de fuego.

En el rescate de los agentes, calificado por las autoridades como un "secuestro", murió un policía y otros ocho resultaron heridos.

Los pobladores protestaban en contra de la mina San Rafael, ubicada en el departamento de Santa Rosa y subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, cuyas operaciones fueron autorizadas por el Gobierno a pesar de la oposición de los vecinos.

Pérez Molina explicó en una rueda de prensa que los municipios afectados con el estado de sitio durante 30 días son Jalapa y Mataquescuintla (Jalapa), San Rafael Las Flores y Casillas (Santa Rosa).

Según el jefe de Estado, la medida, que deberá ser ratificada por el Congreso en los próximos tres días, permitirá a las fuerzas de seguridad capturar a los responsables de los hechos de violencia causados supuestamente por las operaciones de la mina.

"El resultado de la investigación puede demostrar que no todo los sucedido aquí ha sido relacionado con la mina San Rafael como algunos grupos lo han querido decir; ha habido una serie de hechos delictivos que se mezclan con el crimen organizado y otro tipo de intereses, lo que ha provocado hasta anarquía en esa región", aseguró Pérez Molina.

Por su parte, el secretario de Prensa del mandatario, Francisco Cuevas, dijo a Efe que la medida decretada por el Gobierno se debe, además, a que en noviembre pasado pobladores de Mataquescuintla robaron 11.000 candelas de dinamita que eran destinadas para la empresa minera.

El estado de sitio, agregó Cuevas, también permitirá dar con el paradero de los miembros del grupo mexicano de sicarios y narcotraficantes de los Zetas, que según el Ministerio de Gobernación opera en esa zona del país.

Durante los operativos que encabeza el ministro de Defensa, Ulíses Anzueto, acompañado de soldados, policías y fiscales, ya se han capturado diez personas de las 18 órdenes de captura que se libraron y a quienes la Fiscalía los acusa de los delitos de asociación ilícita, conspiración, asesinato y robo agravado.

Las fuerzas de seguridad ingresaron a estas poblaciones con tanquetas y vehículos militares de asalto, lo cual generó pánico entre los pobladores.

El mandatario justificó que el estado de sitio es para evitar que la anarquía se apodere en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa.

"No podemos permitir hechos delictivos que llevan a la anarquía y a la violación de los derechos humanos de la mayoría de ciudadanos de esa región y los hechos ilegales contra las fuerzas de seguridad llegando hasta el asesinato", advirtió.

A la par de la medida, Pérez Molina anunció que se ha establecido una mesa de negociación con participación de ministros de Estado y jefes religiosos de Jalapa y Santa Rosa, para buscar una solución a las protestas por la operación de la mina.

Además, el presidente dijo que pidió al Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, el acompañamiento durante los operativos para que se garantice el respeto de las garantías de la población que no fueron suspendidas.

Esta es la segunda vez que el Gobierno de Pérez Molina, quien asumió el poder el 14 de enero de 2012 para un periodo de cuatro años, suspende derechos de los guatemaltecos.

El 1 de mayo de 2012 se decretó el estado de excepción en el municipio de Santa Cruz Barillas, en el departamento noroccidental de Huehuetenango, luego de una violenta protesta desatada por la muerte de un dirigente campesino, supuestamente a manos de agentes de seguridad privada de la hidroeléctrica Hidro San Cruz, de capital español.

La medida fue levantada por el mandatario tres semanas después, luego de restablecer el orden y de la captura de los agentes privados Ricardo García López y Armando Ortíz Solares, supuestos responsables de asesinar al campesino.