Sevilla, 16 jul.- El consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, ha dicho hoy que se alegra "personalmente" de la libertad bajo fianza acordada para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández por los ERE fraudulentos, aunque cree que los 450.000 euros fijados son una cantidad "exagerada" y "desproporcionada".
En una entrevista con Efe, De Llera ha asegurado que se ha alegrado "incluso personalmente" la libertad acordada por la Audiencia de Sevilla porque coincide con lo que él mismo había defendido desde el principio, esto es, que la juez Mercedes Alaya "no había fundamentado el argumento de peligro de fuga o de destrucción de pruebas".
La juez instructora del caso de los ERE "simplemente dijo brevemente que, a su juicio, Fernández podría fugarse porque la pena que podía corresponderle es alta y que podría destruir pruebas porque se sabe poco del proceso".
Según el consejero de Justicia y antiguo fiscal coordinador de la Audiencia de Sevilla, "eso no deja de ser una intuición, un olfato profesional o todo lo que usted quiera, pero el olfato policial no puede ser base para condenar a nadie o acordar una prisión preventiva".
A su juicio, en este caso no concurrían las circunstancias que exige la ley y "no podemos empezar a meter en la cárcel a todo el que lo pida la alarma social".
También ha considerado "muy exagerada" y "desproporcionada" la fianza de 450.000 euros fijada por la Audiencia de Sevilla, pues aunque De Llera no conoce la investigación realizada sobre el patrimonio del exconsejero, es un hecho que "llevaba meses sin trabajar".
Aunque la Sección Séptima de la Audiencia autorizó el jueves pasado la salida de Fernández de la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), donde ingresó el 24 de abril, sus amigos y familiares no han conseguido aún una cantidad calificada por su abogado defensor como "excesiva y desmesurada" para las posibilidades económicas de su cliente.
Por otra parte, De Llera ha defendido la decisión del letrado de la Junta de no pedir ninguna fianza de responsabilidad civil para Daniel Rivera, ex director general de Trabajo que declaró como imputado la semana pasada, en contra de la línea mantenida con sus predecesores en el cargo: Francisco Javier Guerrero, para quien pidió 933 millones de euros, y Juan Márquez, para quien reclamó 3,5 millones de euros.
"Si la Junta de Andalucía, como una parte más, estima que no hay indicios de responsabilidad, no podrá pedir medidas cautelares civiles ni penales", ha afirmado el consejero, quien ha destacado que el letrado de la Administración, al haber estado presente en las declaraciones, es quien debe considerar si hay pruebas.
"Yo creo que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer, otro tema es lo que cada uno desea que haga el otro", ha dicho.
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