Debate nación. Ciu solicita regular los 'lobbys' de manera "precisa" en el plazo de dos meses


CiU presentó este miércoles una propuesta de resolución en el Debate sobre el Estado de la Nación en la que reclama regular "de manera precisa", y en el plazo de dos meses, los denominados grupos de interés o 'lobbys', a partir de la definición de la propia Comisión Europea de aquellas actividades realizadas "con el objetivo de influir en la formulación de políticas y los procesos de toma de decisiones".
Este grupo parlamentario considera que la medida beneficiará la transparecencia y regulará lo que concierne a estos grupos, garantizando sus derechos en aspectos como la solicitud de cambios normativos o para recabar información.
CiU también pide crear un grupo específico de trabajo en el que participen todas las fuerzas parlamentarias, para impulsar medidas legislativas destinadas a mejorar la calidad democrática. De aquí se derivarían diversas posibilidades de control parlamentario que tendrían que introducirse en el nuevo Reglamento del Congreso de los Diputados.
Además, aboga por dotar la Administración de Justicia de los recursos económicos y personales necesarios para evitar el retraso por falta de medios en cualquier causa relativa a la corrupción.
También reclama el impulso de una reforma de la normativa reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, que facilite la discusión y tramitación parlamentaria y elimine obstáculos legales.
CiU también pide reforzar la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, con la finalidad de facilitar un mejor control de todas las partidas presupuestarias aprobadas.
Además, aboga por reformar la ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estableciendo mecanismos adecuados que garanticen y eviten la difusión de información personal, poco rigurosa y respetuosa con la privacidad e intimidad de las personas sometidas o involucradas en procedimientos de investigación judiciales, policiales o tributarios.
Asimismo, considera necesario articular un procedimiento de decisión en las inversiones de infraestructuras para abrir un proceso de consulta a todos los implicados en una obra pública.
Por último, propone modificar la redacción del artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, para suprimir el sistema de voto rogado, como condición necesaria para el ejercicio de voto por parte de personas que viven en el extranjero.

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