Debate nación. El pnv reclama en sus resoluciones una política penitenciaria "flexible" y el "desarme" de eta

El PNV reclama en una de sus propuestas de resolución del Debate sobre el Estado de la Nación una política penitenciaria "flexible" por parte del Gobierno y la rápida disolución y el "desarme" de ETA para avanzar hacia la normalización en el País Vasco.
Lo hace en una propuesta sobre "consecución de la paz" en la que subraya el momento de "esperanza" que se vive tras la finalización de la violencia de ETA y en la que considera que es necesario "contribuir desde los poderes públicos a la profundización de la convivencia pacífica y al democrático ejercicio de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, de manera que se logre consolidar la desaparición de la violencia".
Para ello, propone que el Congreso señale "que la situación de fin de la violencia por parte de ETA parece consolidada tras tres años de ausencia de atentados terroristas y coacciones a la población". "Ello conlleva la readecuación de la política seguida hasta ahora por el Gobierno centrando el foco en conseguir la restauración de la convivencia normalizada en la sociedad vasca", dice el texto.
En esa línea, insta al Gobierno a que mediante el más amplio diálogo, y en el marco de la legislación penitenciaria vigente, "desarrolle una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria".
Además, en esa misma resolución exige a ETA "su desarme y disolución rápida, efectiva y total y encomienda al Gobierno para que actúe y colabore con otras instituciones con altura de miras dentro de los márgenes permitidos por la ley a fin de asegurar los medios más adecuados para que el citado desarme y disolución se produzcan de manera efectiva y ordenada".
En otra propuesta sobre "plurinacionalidad del Estado", el PNV pide al Gobierno que reconozca "la existencia de las naciones vasca y catalana, distintas a la española", y que impulse los cambios constitucionales pertinentes "a fin de reconocer la existencia de diferentes naciones dentro del Estado español declarando la plurinacionalidad del mismo y la capacidad de que el Parlamento gallego pueda afirmar también, si lo deseare, su condición nacional".
El PNV también reclama en sus propuestas derogar "la legislación de excepción" que suponen la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Seguridad Ciudadana, así como las medidas penitenciarias que impliquen poner en cuestión los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Pide asimismo el cumplimiento de las decisiones marco de la Unión Europea sobre cómputo de penas, después de que esa norma se haya incorporado al ordenamiento jurídico español "pervirtiendo el contenido y la voluntad del legislador europeo".
En sus iniciativas, el PNV recupera también la denuncia del incumplimiento del Estatuto de Gernika y exige de nuevo la transferencia de la competencia exclusiva en el ámbito de las estructuras penitenciarias y de la ejecución de la política en ese ámbito, así como la reducción de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco.
En esa misma línea, solicita también la transferencia de las potestades que hasta ahora ejerce la Administración del Estado sobre líneas, infraestructuras y servicios relacionados con el transporte terrestre por ferrocarril cuyo itinerario discurra íntegramente por el territorio del País Vasco, y la no inclusión de la totalidad de los tramos de las redes de ancho métrico e ibérico que discurren por la comunidad en el ‘Catálogo de Líneas y Tramos de la Red de Interés General’.
Sobre la 'Y vasca', el PNV reclama la gestión de los servicios intercities para que el País Vasco preste los servicios entre las tres capitales una vez que concluya la construcción de esa infraestructura "vital", y que se ratifique el compromiso sobre planificación presupuestaria y técnica necesaria sin olvidar la agilización del proyecto y ejecución de la plataforma de alta velocidad ferroviaria entre Burgos y Vitoria.
Este año el PNV recupera de nuevo la petición para que se devuelva a sus legítimos propietarios los objetos, símbolos, banderas y material perteneciente a instituciones, partidos políticos y centrales sindicales incautados en la Guerra Civil.
También ha presentado propuestas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, para derogar la reforma de la Jurisdicción Universal, para el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, y para que se "respete y facilite" la opinión de los vecinos de Treviño y Villaverde en cuanto a la pertenencia de esos municipios al País Vasco.