Debate nación. La izquierda plural reclama la autofinanciación de la iglesia católica antes de acabar la legislatura

El Grupo de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados reclama en una de sus propuestas de resolución del Debate sobre el Estado de la Nación denunciar los acuerdos con el Vaticano y que antes de final de la legislatura se aprueben las medidas necesarias para garantizar la autofinanciación de la Iglesia Católica.
En una propuesta, el Grupo acumula sus propuestas sobre regeneración democrática, con un bloque sobre “laicidad del Estado” en el que piden denunciar los acuerdos con la Santa Sede: el Concordato franquista de 1953, el Acuerdo General preconstitucional de 1976, y el de Asuntos Culturales y Educativos de 1979, negociando nuevos acuerdos que garanticen la separación total de la Iglesia y el Estado.
En ese mismo apartado, reclaman reformas para garantizar la autofinanciación de las confesiones religiosas, suprimiendo la asignación tributaria a la Iglesia Católica, así como el resto de beneficios fiscales. Los acuerdos para la autofinanciación de la Iglesia Católica, añaden, deberían aplicarse antes de final de esta legislatura.
En esa línea, proponen reformar la Ley de Libertad Religiosa para acabar con la actual “injusticia”, regulando la libertad de conciencia como un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos que no discrimine ni compartimente a los mismos.
Un primer bloque se refiere a “instrumentos de participación de la ciudadanía”, en la que piden reformar la ley que regula el referéndum para incluir los de iniciativa ciudadana, los de ámbito autonómico y los que permitan derogar leyes.
También proponen modificar la regulación de las iniciativas legislativas populares para facilitar su impulso y tramitación, y un plan de regeneración con instrumentos de control sobre los programas presentados a las elecciones, con mecanismos de rendición de cuentas y revocación, acceso efectivo de los ciudadanos y colectivos sociales a los medios de comunicación públicos, y reforma del Reglamento del Congreso para permitir mayor participación en los trabajos parlamentarios y mayor conexión entre representados y representantes.
En un segundo bloque sobre “transparencia”, reclama eliminar las carencias de la vigente ley, reconociendo el derecho a la información como derecho fundamental, eliminando las exclusiones y el doble silencio administrativo, reformando el Consejo de Transparencia para garantizar su independencia y garantizando que es “absoluta” en el caso de la actividad pública y privada de la Casa Real.
El tercer bloque es la reforma del sistema electoral, asegurando la proporcionalidad entre sufragios y escaños; adecuando el régimen jurídico relativo a la financiación electoral y a los gastos electorales para lograr una reducción y una mayor eficiencia; reformando el tratamiento legal de las campañas electorales en los medios de comunicación, la distribución de espacios electorales, los sondeos de opinión, y otras medidas que favorecen los debates entre ciudadanos; regulando las fórmulas legales que pueden limitar o prohibir la práctica del transfuguismo político; y reformando el sistema de votación de los residentes en el exterior, devolviéndoles el voto en las municipales.
Otro bloque es relativo a la memoria histórica, en el que emplazan al Gobierno a declarar nulas de pleno derecho, por ilegitimidad de los tribunales, por vicios de forma y de fondo y por la ilegitimidad de las normas aplicadas, las sentencias y resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura, contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparados por derechos y libertades hoy reconocidos pro la Constitución.
También piden reconocer y honrar a los guerrilleros y maquis que lucharon contra la dictadura franquista con las armas, y a establecer las indemnizaciones que les correspondan, así como beneficiar como víctimas de la dictadura a quienes fueron condenados a muerte en consejos de guerra y ejecutados entre el 1 de enero de 1968 y la Ley de Amnistía de 1977 por actividades de oposición a la dictadura.
Reclaman al Gobierno que presente antes de sesenta días un informe sobre las víctimas de violencia política en los años de la transición para que sean considerados beneficiarios de las indenmizaciones que pueda otorgar la ley de víctimas del terrorismo.
Finalmente, piden un marco institucional efectivo que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática; garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo; y retirar en seis meses todos los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión franquista que aún no se hayan retirado.