Declaración de Mariano Rajoy tras el Consejo de Ministros extraordinario

Texto íntegro de la declaración institucional del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras el Consejo de Ministros extraordinario para impugnar la consulta independentista en Cataluña:

"Señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria.

Comparezco ante ustedes para informar de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros que con carácter extraordinario se ha reunido esta mañana. Después de analizar los dictámenes solicitados al Consejo de Estado el Gobierno ha formalizado los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de consultas no refrendatarias aprobada por el Parlamento de Cataluña y contra el decreto de la convocatoria de la consulta para el 9 de noviembre firmado por el presidente de la Generalitat de Cataluña.

Como saben ustedes, si se admiten a trámite por el Tribunal los dos recursos queda automáticamente suspendida la vigencia tanto de la ley como del decreto según dispone el artículo 161.2 de nuestra Constitución.

No voy a reiterar los argumentos que se exponen en los recursos y que debe valorar el Tribunal, los conocen de sobra. La consulta que se pretende llevar a cabo ni por su objeto ni por el procedimiento seguido es compatible con la Consiutución española.

La decisión de hoy es coherente con lo que el Gobierno ya había anticipado desde el día 12 de diciembre del pasado año, cuando comparecí yo aquí en esta misma sala. Fue entonces cuando el presidente de la Generalitat anunció su decisión de convocar un referéndum de autodeterminación, el mismo día fijamos la posición del Gobierno que, como es evidente, en un asunto de estas características no ha sido modificada.

Siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución, venimos insistiendo en en ese mismo argumento todas y cada una de las veces en que se ha planteado ese asunto, y hoy cumplimos nuestra obligación de interponer un recurso  contra una decisión que atenta gravemente contra los derchos de todos los españoles.

La consulta de autodeterminación que pretende convocar el Gobierno de la Generalitat es abiertamente contraria a nuestra Constitución que en el primero de sus artículos consagra que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado.

La soberanía reside en el pueblo español en su conjunto y una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española y cualquier intento de disolverla es radicalmente contrario a la Constitución.

Ciertamente la Constitución es reformable, pero la consulta pretendida no encaja en modo alguno en los procedimientos que la propia Constitución establece para su reforma.

Es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se pueda atribuir unilateralmente una comunidad negándoselo al resto de la nación. Es un recurso demagógico apelar a algo que suena bien, el derecho a expresarse, el derecho a ser escuchado. El problema es que quien esgrime estos arugmentos en la realidad le está privando de ese dercho a quien realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español. Por tanto la consulta es profundamente antidemocrática, el derecho que pretende dar a algunos se lo está sustrayendo a todos los demás.

Jurídicamente hablando el Gobierno no uede ni debe hacer otra cosa distinta de lo que hoy hace y desde un punto de vista distinto tampoco cabe obrar de otra manera.

No hay nada ni nadie; ni poder, ni institución alguna, que pueda romper ese principio de soberanía única e indivisible sobre el que se basa nuestra convivencia. Dicho de otra manera, no hay nada ni nadie que pueda privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país; sin embargo, ésa y no otra es la consecuencia práctica de la consulta convocada por la Generalitat.

El Gobierno, por lo tanto, está obligado a recurrir en defensa de la Constitución, que es tanto como recurrir en defensa de las libertades y los derechos de todos y cada uno de los españoles, incluidos los ciudadanos de Cataluña. A ellos y a sus derechos también estamos defendiendo con este recurso.

Quiero recordar que la posición del Gobierno se ha visto avalada política y legalmente por una incuestionable mayoría del Congreso de los Diputados, así como por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia del pasado 24 de marzo.

Permítanme que me extienda ahora algo más en la argumentación porque, además de recurrir, debemos explicar con meridiana claridad lo que implica este desafío.

Lo primero que quiero decir es que con este recurso defendemos la vigencia de la Ley democrática. La Ley no es un corsé, ni una restricción contra la libertad. Es todo lo contrario: la Ley es garantía de igualdad, de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Es la garantía de la seguridad de todos. La Ley no es un capricho del Gobierno, ni de éste ni de ningún otro. La Ley es la expresión de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y, por eso, el principal cometido de un Gobierno es defenderla: cumplirla y hacerla cumplir.

No es admisible, como hacen algunos, contraponer ley a democracia, porque sin ley no hay democracia ni respeto a los derechos de los ciudadanos y sin ley tampoco hay política.

A nadie se le impide ni hablar ni expresar su voluntad. Felizmente, los españoles llevamos haciéndolo desde hace décadas. Pero lo que se no se puede permitir es que la voluntad de una parte prive de sus derechos al conjunto.

Las leyes se pueden cambiar, pero siempre por los cauces democráticos establecidos. Quien desee modificar esta situación tiene toda la libertad de plantear una reforma de la misma, proponerla en los términos democráticamente establecidos y conseguir los apoyos para sacarla adelante. Esa es la manera de hacer las cosas. Lo que no se puede hacer, o no debería hacer un gobernante responsable, es buscar atajos o subterfugios para violentar la legalidad por muy adornados que vengan de bonitas palabras.