Decomisan marihuana y cocaína en río fronterizo entre Uruguay y Argentina

Montevideo, 17 mar.- La Armada Nacional uruguaya, con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina, se incautó de marihuana, cocaína, armamento y dinero en efectivo en las costas del Río Uruguay, limítrofe entre los dos países, informaron hoy fuentes oficiales en un comunicado.

Según el boletín, distribuido por la Armada uruguaya, en la operación fueron detenidas dos personas identificados como S.R. y N.G., ambas mayores de edad.

La operación comenzó el viernes, cuando la Prefectura de Nueva Palmira, un puerto situado en la orilla uruguaya, recibió una llamada por radio de una patrulla de la Prefectura Naval Argentina en la que informaba de que estaba "en persecución de una embarcación de nombre 'EL MANANTIAL', que navegaba rumbo a las costas uruguayas".

Los marinos uruguayos comenzaron a rastrear la zona hasta dar con la embarcación en la costa del país, "en el predio de un campamento donde fueron detenidas dos personas mayores de edad".

"Luego de una búsqueda más precisa, fueron ubicados una bolsa que contenía 730 gramos de marihuana y 1.330 gramos de cocaína".

Además de los estupefacientes se encontraron cien mil pesos uruguayos (unos 4.500 dólares), una pistola Bersa Calibre 22 y un revólver calibre 38.

Las autoridades judiciales locales dispusieron "la detención de los involucrados, incautación de la embarcación, de un automóvil, armamento y los estupefacientes hallados".

El Parlamento de Uruguay aprobó el 10 de diciembre pasado una ley que despenaliza la producción y venta de marihuana -el consumo ya era legal desde hacía cuatro décadas- como fórmula para combatir al narcotráfico.

Parte de la droga, que se venderá en farmacias, será producida por el Estado y parte por clubes de consumidores debidamente registrados.

El Gobierno del presidente José Mujica, impulsor de esa normativa que ha levantado polémica a nivel interno y externo, considera que si el Estado controla el mercado de la marihuana impedirá que sus consumidores sean tentados en el mercado negro por los narcotraficantes con drogas más duras y dañinas.

La puesta en marcha de la ley está pendiente de la aprobación de un reglamento que debería estar listo en abril, una vez transcurridos los cuatro meses de que dispone el Gobierno para redactarlo.