La Haya, 26 ago.- La defensa del exlíder rebelde congolés Thomas Lubanga afirmó hoy que la Fiscalía llamó a declarar a "falsos niños soldado" durante el juicio, que hoy quedará visto para sentencia, marcando un hito en la historia de la Corte Penal Internacional (CPI).
En sus alegatos finales, la defensa de Lubanga, acusado de reclutar a niños soldado entre 2002 y 2003 en la República Democrática de Congo, mantuvo ante los jueces que 8 de los 9 niños soldado que testificaron nunca habían sido alistados en las tropas del acusado y que además mintieron sobre su edad.
La defensa acusó a los fiscales de "manipular intencionadamente" los testimonios de esos testigos, algunos de los cuales, según los letrados de Lubanga, recibieron dinero por parte de la Fiscalía a cambio de pronunciar "falsos testimonios".
El equipo defensor recordó que la misma Fiscalía "no pudo demostrar" la edad de los niños porque no aportó actas de nacimiento.
La Fiscalía acusa a Lubanga, que era presidente del grupo rebelde Unión de Patriotas Congoleses, de reclutar a menores de 15 años de la etnia hema en la región de Ituri (sureste).
Según dijo durante el juicio el fiscal Luis Moreno Ocampo, estos menores "tuvieron que empuñar un arma a edades tan tempranas como los nueve años" y, además, se convertían en esclavos sexuales de sus comandantes.
En dos años y cuatro meses de juicio, los magistrados han escuchado los testimonios de 36 testigos por parte de la Fiscalía y de 24 por la de la defensa.
Entre los testimonios destacaron los de 9 niños soldado que explicaron el "horror" vivido al tener que luchar en las milicias rebeldes, obligados a matar a conocidos y desconocidos a una edad en la que apenas podían comprender lo que estaban haciendo, según los fiscales.
El juicio sufrió un vuelco cuando la cámara decidió, en julio de 2010, paralizar el proceso y poner en libertad a Lubanga, argumentando que Ocampo se había negado a cumplir una orden de los jueces en la que se solicitaba identificar a uno de los testigos protegidos de los fiscales.
Esta orden fue anulada en agosto de 2010 por la Cámara de Apelación, la cual reconoció que la Fiscalía debía cumplir las órdenes de los magistrados, pero consideró que la medida de paralizar el juicio era desmesurada y podía sustituirse por ejemplo por sanciones a la Fiscalía, con lo que el proceso pudo seguir.
La CPI cerrará hoy un juicio por primera vez desde que empezó a funcionar en 2002.
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