"El presidente acepta que la mediadora de la República (encargada de supervisar el uso del dinero público) exija una acción de reparación" en el caso Nkandla, el nombre de la residencia privada del presidente, declaró el abogado del mandatario, Jeremy Gauntlett, ante el Tribunal Constitucional de Johannesburgo.
"Aceptamos que el presidente debe reparar" su error, añadió, mientras que en las afueras del tribunal cerca de 5.000 miembros de la oposición se manifestaban.
El escándalo Nkandla, nombre del pequeño pueblo donde se encuentra la residencia privada del presidente, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el jefe de Estado y en un símbolo de las acusaciones de corrupción contra su gobierno y su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC).
El escándalo se precipitó a principios de 2014, cuando la mediadora de la República entregó un informe en el que acusaba a Zuma de haberse "beneficiado indebidamente" de dinero público para las obras de su casa, y recomendó que reembolsara parte del dinero.
Pero Zuma se negaba desde hace meses a devolver un solo centavo de los 220 millones de rands que gastó (unos 20 millones de euros). Pero, para sorpresa de todos, Zuma aceptó la semana pasada la idea de reembolsar una parte del dinero, aunque no dio una cifra.
Este cambio de opinión tiene lugar unos meses antes de que se celebren unas elecciones locales claves, y a unos días de un discurso ante el parlamento sobre el estado de la nación.
El año pasado, diputados del partido de izquierda radical EFF (oposición) interrumpieron esa sesión solemne, exigiendo a Zuma que devuelva el dinero de Nkandla.
"Este caso va mucho más allá de la cuestión del poder de la mediadora", explicó Anton Katz, abogado del partido liberal Alianza Democrática (DA).
"Hubo abuso de bienes públicos a un nivel extraordinario a beneficio de una sola familia, en un país donde la mayoría de familias acceden a duras penas a la comida, la educación, la salud y el alojamiento", añadió.
El Tribunal Constitucional deberá decidir si las recomendaciones de la mediadora de la República son legalmente vinculantes.
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