Defensor catalán dice que la policía prolonga detenciones sin justificación

Barcelona, 9 ene.- El Defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, ha acusado a los Mossos d'Esquadra y a las policías locales de prolongar "injustificadamente" la estancia de detenidos en comisaría y de demorar su derecho a tener asistencia letrada, y ha exigido el cierre de las áreas de custodia municipales en mal estado.

El Síndic de Greuges ha presentado hoy en rueda de prensa el informe de la Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura (ACPT) de 2013, que un año más insiste en denunciar la "opacidad" del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona, así como la expulsión de internos que habían hecho llegar sus quejas al Síndic, antes de que esta institución pudiera entrevistarse con ellos.

Una de las principales deficiencias constatada por el equipo de la ACPT, del que también forman parte el exfiscal jefe de Cataluña José María Mena y la abogada Eva Labarta, es el excesivo tiempo que los detenidos pasan en comisarías, la mayoría de ellos 24 horas -aunque se han contabilizado casos de 72-, hasta que son conducidos ante la autoridad judicial, lo que en su opinión contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional.

El informe también alerta de demoras injustificadas en la asistencia letrada a los detenidos, dado que los Mossos d'Esquadra no suelen ponerse en contacto con el Colegio de Abogados hasta que se disponen a interrogar al detenido y una vez los agentes ya han finalizado sus diligencias policiales, situación que aún suele demorarse más en el caso de las policías locales.

Para Rafael Ribó, eso supone que, aunque al detenido se le lean sus derechos de forma inmediata, "estos derechos quedan suspendidos" hasta que recibe la asistencia letrada, lo que constituye una vulneración de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Una de las recomendaciones que plantea el informe para impedir esas demoras en las detenciones es que se establezcan diariamente dos conducciones a los juzgados, en vez de una como en la actualidad: "¿Por qué no se puede hacer una por las tardes?", ha inquirido Ribó, que cree que este es un asunto que "debería resolver el poder judicial".

El informe ha constatado también que la "gran mayoría" de áreas de custodia de las policías locales no reúnen los "mínimos necesarios" para garantizar los derechos de los detenidos, por lo que directamente exige que se cierren los espacios que presenten deficiencias.

Otra de las quejas que sugiere el informe es la "opacidad" en el funcionamiento del CIE de la Zona Franca, principalmente por la denegación de entrada por parte del Ministerio de Interior a los equipos de la ACPT y la imposibilidad de contrastar informaciones sobre posibles irregularidades.