España volvió a desviarse de su objetivo de déficit en 2015, situándose en el 5,16% del PIB, muy por encima de sus previsiones, lo que podría obligar al próximo gobierno a tomar medidas económicas impopulares.
Durante el último año, España recortó su déficit público del 5,8% de 2014 al 5,16% cuando la previsión era situarlo en 4,2%. "Se trata, por tanto, de una nueva reducción del déficit público en España pero insuficiente", reconoció en rueda de prensa el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Se trata del octavo año consecutivo que España no cumple con sus objetivos. La economía española comenzó a salir en 2014 de la profunda crisis que la devastó, pero sigue confrontada al déficit y a una enorme deuda pública que alcanza el 99% del PIB.
El gobierno conservador saliente de Mariano Rajoy se había comprometido a situar el déficit de la cuarta economía de la zona euro por debajo del 3% en 2016. Pero, ni la Comisión Europea ni los economistas creen que pueda lograrlo.
Una reducción de esa envergadura supondría imponer un ahorro de cerca de 26.000 millones de euros, algo nunca visto, según Jesús Castillo, economista de Natixis.
"Los datos publicados hoy confirman las preocupaciones de la Comisión sobre la trayectoria presupuestaria española, tal como dijimos en octubre sobre el proyecto de presupuestos para 2016", afirmó este jueves el comisario de Asuntos Europeos, Pierre Moscovici.
La parálisis política que sufre España, dirigida desde las legislativas del 20 de diciembre por un gobierno que tramita los asuntos corrientes, hace más difícil tomar medidas correctivas rápidas.
El Partido Popular en el poder perdió su mayoría absoluta y las elecciones desembocaron en un Parlamento fragmentado.
El PP ya no puede gobernar solo y no tiene el apoyo de ninguna de las otras tres grandes formaciones (socialistas, partido de izquierda radical Podemos y Ciudadanos de centro-derecha), que también son incapaces de entenderse para formar un gobierno alternativo de coalición.
A falta de acuerdo entre los partidos, ningún nuevo gobierno ha entrado en funciones y, si no hay acuerdo antes de principios de mayo, se convocarán nuevas elecciones a finales de junio.
Como consecuencia, la incertidumbre planea sobre lo que hará en materia presupuestaria el próximo gobierno, del que se ignora hasta el color político. Podemos quiere una prórroga de cuatro años para alcanzar los objetivos exigidos por Bruselas, mientras que el PP se considera garante de la ortodoxia.
La Comisión Europea pide, por su parte, "medidas para asegurar una corrección sostenible".
Una drástica reducción del gasto "no es, sin embargo, deseable" ya que "la reactivación económica sigue siendo frágil", advirtió Jesús Castillo. El crecimiento fue del 3,2% en 2015, pero debería ralentizarse al 2,8% en 2016, siendo las perspectivas para la economía mundial mucho más sombrías.
Las nuevas medidas económicas podrían "abocar a la economía española a una recesión", teme también Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos y antiguo secretario general de una asociación de inspectores de hacienda, considerando que "el acuerdo es más urgente que nunca para una política fiscal diferente y que recupere la credibilidad de España".
El desvío de las finanzas públicas se explica por el estado de las cuentas de la Seguridad Social, un relajamiento de las regiones y gastos extraordinarios como los tratamientos contra la hepatitis C, muy costosos, explicó el ministro.
El déficit de la Seguridad Social se situó en el 1,26% del PIB, frente al 0,6% previsto. Una diferencia que Montoro justificó por el peso de las pensiones.
Pero, para los especialistas consultados, la tasa de desempleo especialmente elevada - 20,90%, sólo Grecia tiene una cifra peor en la Unión Europea - y la precariedad de los empleos creados también han contribuido a ello.
El déficit de las 17 regiones, que disponen de una cierta autonomía financiera, fue del 1,66% del PIB, lejos del objetivo del 0,7%.
Cataluña, dirigida por independentistas y la región de Valencia (este), gestionada por una coalición de izquierdas, superaron ampliamente los límites, subrayo´el ministro, acusándolos de haber gastado demasiado, en perjuicio del resto de España.
En 2015, antes de las elecciones, el gobierno central redujo los impuestos directos y pagó a los funcionarios una parte de su tradicional paga de Navidad, congelada desde hacía años, tras años de austeridad.
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