Montevideo, 12 dic.- Los temas relativos a los Derechos Humanos en Uruguay han vivido un último año marcado por "demasiadas idas y venidas" que no ayudan al proceso de restablecer la verdad y la justicia sobre lo sucedido en la dictadura (1973-1985), denunció hoy en su informe anual la ONG Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).
La organización, fundada en 1981 por el premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel, considera que las tensiones en el seno de los partidos políticos sobre cómo afrontar el reciente pasado del país hizo que el año fuera "particularmente sinuoso", lo que "no hace bien a la lucha" de los defensores de los derechos humanos, apuntó a la prensa Ana Juanche, coordinadora de SERPAJ para América Latina y editora del informe.
Juanche se refirió así al intento desarrollado en el Parlamento e impulsado por el oficialista Frente Amplio para anular la ley que impide juzgar a los uniformados que violaron los derechos humanos durante el gobierno de facto, y que fracasó por la abstención de un diputado oficialista.
En ese sentido, la dirigente de la ONG apuntó que los diversos sectores políticos del país deben alcanzar un posicionamiento común sobre este asunto que sea "medular y decisivo".
"Hemos hecho un énfasis interesantísimo en el análisis de la impunidad, que arroja una mirada en perspectiva histórica y augura cosas para el futuro, sobre todo dada la falta de compromiso político que vemos desde algunos sectores de nuestro país", dijo Juanche.
Asimismo, la ONG lamentó que en Uruguay no exista "ningún instrumento" que obligue a los militares que tienen información sobre lo ocurrido durante la dictadura a declarar y dar "datos fidedignos, por ejemplo sobre el paradero de las personas detenidas desaparecidas".
Juanche reclamó así a las fuerzas políticas que inicien un diálogo para obligar a las instituciones castrenses a "socializar los datos" que poseen y sostener así la lucha "por la verdad, justicia y contra la impunidad realmente existente".
De todas maneras, la responsable de la ONG consideró como "algo altamente productivo" el anuncio realizado por el Comandante en Jefe del Ejército Pedro Aguerre el pasado día 5, quien señaló que su institución no iba a encubrir a los violadores de derechos humanos.
"Esas son las señales que necesita la lucha contra la impunidad. La institución castrense es hermética necesita sanearse y abrirse a toda la sociedad, no ya para limpiar las secuelas de los delitos de lesa humanidad, sino también para formar parte de una sociedad democrática, respetuosa de los valores ciudadanos y el estado de derechos", añadió.
El extenso informe de la ONG también se refirió a la situación del modelo educativo uruguayo, que a su juicio afronta problemas y supone una amenaza al cumplimiento de los derechos sociales de la ciudadanía por su bajo presupuesto y por falta de una necesaria "actualización" tanto en el currículo como en la formación docente.
Además, SERPAJ reclamó un plan estratégico para eliminar los problemas de hacinamiento carcelario, otro de los mayores problemas que afronta el Uruguay actual en cuanto a derechos humanos.
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