Denuncian ante la CIDH el incremento de violación de derechos en Antioquia

Washington, 26 mar.- El Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos de Colombia, solicitó hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado colombiano ejecute políticas efectivas en el departamento de Antioquia ante el incremento de la criminalidad y la violación de derechos en los últimos años.

La peticionaria, Juliana Bravo, resaltó la "preocupante" situación en el departamento por el rearme de los grupos paramilitares, que según explicó, no son reconocidos como tales por el Estado, sino que son tratados como meras bandas criminales.

"Las nuevas reagrupaciones de paramilitares requieren los mismos requisitos que las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): dominio social, control territorial, tolerancia de autoridad y poder político", explicó Bravo, que añadió que todos esos puntos se dan en Antioquia (noroeste), lo que convierte su territorio en caldo de cultivo para el crimen.

"Hay una brecha muy grande entre las políticas que presentan y la situación actual, y es que no bajan los índices de criminalidad sino que aumentan", dijo la peticionaria.

Según la organización, con sede en Medellín (capital de Antioquia), los procesos de desmilitarización que se han llevado a cabo en Colombia son fallidos de facto, habiendo dejado tras de sí a más 30.000 paramilitares en la impunidad.

Bravo expuso que el 19 por ciento los homicidios ocurridos en 2011 en Colombia sucedieron en Antioquia, solo superado por el departamento del Valle del Cauca, que registró el 24 por ciento.

En el 144º periodo de sesiones del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanso (OEA), la peticionaria insistió además en otros factores que intervienen en la "crisis humanitaria que sufre Antioquia", como los desplazamientos forzados y el alto riesgo que corren los defensores de derechos humanos en la zona.

"La Personería de Antioquia denuncia que no se puede medir la situación por la disminución de homicidios, sino que también hay que considerar las amenazas que provocan los desplazamientos forzados", dijo Bravo.

Además, solicitó a la Comisión que lleve a cabo un seguimiento de la presencia paramilitar en el territorio y también del proceso de restitución de tierras, una de las claves del conflicto en Colombia.

Santiago Londoño Uribe, representante del Estado, reconoció la especial y crítica situación del departamento, en la que destacó la "cultura de la ilegalidad", contra la que aseguran estar ya trabajando mediante el programa "Antioquia, la más educada".

"El narcotráfico tiene asiento en Antioquia con una raíz histórica. (...) Hay que cerrar la puerta de las expresiones ilegales que para muchos de los jóvenes del departamento es una opción de vida y evitar su reclutamiento desde edades muy tempranas", explicó Londoño.

"Hemos abandonado el estudio de los casos uno a uno porque los resultados son ineficientes. Estamos organizados por bandas criminales, ya que son transversales a todo el país, lo que nos ha permitido ampliar el numero de detenciones", alegó el representante.

Tras la presentación del Estado, Bravo mostró su preocupación porque el Gobierno "no reconozca que no se trata de simples bandas criminales, sino de grupos paramilitares organizados".

"Hay impunidad, porque no hay actuaciones ni políticas de fondo que acaben con el problema", insistió.