Desarticulada en canarias una banda que prostituía a nigerianas embarazadas o con niños

La Policía Nacional ha desarticulado en Canarias una organización dedicada al tráfico de mujeres desde Nigeria a España para su explotación sexual. La red prefería disponer de mujeres embarazadas o con niños, ya que así podía presionarlas en caso de decidirán desligarse de la prostitución.
Según informó la Policía, la principal responsable de esta banda ha sido arrestada junto a otros tres colaboradores, entre ellos su marido, en la localidad de Vecindario (Gran Canaria).
Los arrestados exigían hasta 30.000 euros a cada nigeriana a la que introducían en España. La red seleccionaba a mujeres con hijos pequeños o bien les exigía quedarse embarazadas durante estancias en Marruecos antes de llegar a la Península.
Los niños que llegaban junto a sus madres eran blanco de las amenazas de la organización para ejercer un control total sobre las mujeres y obtener los beneficios de su ejercicio de la prostitución en Gran Canaria.
REQUISITO INELUDIBLE
La investigación comenzó en febrero del presente año, cuando los agentes tuvieron constancia de que en la localidad de Vecindario, municipio de Santa Lucía, había un grupo organizado que se dedicaba al tráfico y explotación sexual de mujeres. La organización estaba perfectamente estructurada.
Los detenidos contaban con los contactos necesarios para que sus víctimas, principalmente mujeres de origen nigeriano, pudieran viajar desde Nigeria hasta España. Antes debían permanecer un tiempo, que podía durar hasta dos años, en el norte de Marruecos.
En territorio alauita era donde las mujeres debían quedarse embarazadas para poder así cumplir con el último requisito exigido por la organización para poder viajar hasta Europa: sus víctimas debían ser mujeres embarazadas o con hijos pequeños. De esta manera, una vez en España, se aseguraban el control de las mujeres a través de sus hijos.
Además del control a través de los menores de edad, los detenidos hacían uso de todo tipo de rituales de magia negra o vudú en África, creencias muy arraigadas en las regiones a las que pertenecen las víctimas del grupo desarticulado. Por otra parte, se pudo constatar la práctica de todo tipo de amenazas directas a las mujeres y a sus familias en Nigeria.
En Marruecos, las víctimas embarcaban en pateras y cruzaban el estrecho hasta el sur de la Península, donde eran ingresadas en centros de extranjeros junto con sus hijos. Con posterioridad, los detenidos contactaban con las mujeres y las conducían hasta Gran Canaria en avión. Para ello hacían uso de pasaportes de otras personas con características físicas semejantes para no levantar ningún tipo de sospecha.
PASAPORTES REUTILIZADOS
Se da la circunstancia de que los pasaportes eran reutilizados en varias ocasiones, de manera que era de gran valor la documentación de los menores de edad, ya que permitía viajar los hijos de las víctimas.
Una en Gran Canaria, las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en el sur de la isla, como medio para poder pagar la deuda adquirida por su traslado hasta España, y que en ocasiones podía ascender hasta los 30.000 euros.
En un primer momento, las mujeres y sus hijos se alojaban en el domicilio de una de las detenidas y principal responsable, donde mantenía un dominio absoluto sobre las víctimas, controlando todas sus actividades y gestionando el dinero que obtenían ejerciendo la prostitución.
Una vez las víctimas se sometían a la organización y se mostraban dóciles ante sus integrantes, se les permitía alojarse en otros domicilios, y dejar así espacio a nuevas mujeres que iban llegando, pero siempre bajo el más estricto control.
Otro de los detenidos, y marido de la cabecilla de la organización, llegaba a estar al cuidado de los menores de edad, logrando de esta manera que las mujeres sintieran un miedo absoluto por lo que pudiera llegar a ocurrirles a sus hijos. Los detenidos también hacían uso de otras personas, ajenas al grupo investigado, que hacían labores de cuidado de los niños, sin que tuvieran conocimiento de la situación de sus madres.
Las víctimas no sólo debían pagar la deuda contraída, sino que debían desembolsar ciertas cantidades de dinero por alojamientos, cuidados de sus hijos, comida, agua y luz.