Detenidos en lanzarote dos exmiembros del ira por contrabando y blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha desmantelado una organización dedicada a actividades de contrabando de tabaco y alcohol. En el operativo han sido arrestadas siete personas y se han practicado 11 registros en las provincias de Las Palmas, Alicante, Málaga y Murcia. Entre los detenidos figuran el máximo responsable de la trama y su pareja, ambos exmiembros del IRA.
Según informó la Policía en un comunicado, las investigaciones se iniciaron a partir de informaciones que apuntaban a la existencia de actividades de blanqueo de dinero procedente del contrabando de tabaco y alcohol. Estas actividades se estaban desarrollando mediante la adquisición de inmuebles en distintas provincias españolas de la costa mediterránea y la creación de empresas instrumentales.
A partir de estos datos se realizaron una serie de pesquisas que confirmaron estas prácticas delictivas y permitieron a los agentes comprobar que al frente de la organización estaba un ciudadano irlandés, exmiembro del IRA, con el que colaboraba su pareja, también antiguo miembro del IRA.
En España los investigados se dedicaban a invertir parte de los beneficios obtenidos por el contrabando, y lo hacían con la colaboración de una serie de personas con distintas responsabilidades dentro de la organización. La principal forma de blanqueo consistía en la adquisición de propiedades inmobiliarias, estimándose en unos 10,5 millones de euros el capital blanqueado mediante este sistema.
Una vez conocidas las identidades y paraderos de los distintos miembros de la trama se desarrolló a finales de año la fase operativa de la investigación, en la que se detuvo a un total de siete personas. El matrimonio fue arrestado en Lanzarote y las otras cinco personas en las provincias de Alicante, Málaga y Murcia. También se llevaron a cabo 11 registros en las residencias de los detenidos y en centros logísticos de la organización desmantelada.
Por parte de la autoridad judicial se han adoptado varias medidas cautelares, entre las que se encuentra la prohibición de disponer de 11 inmuebles ubicados en Málaga, Alicante y Murcia, valorados en más de 5,5 millones de euros, así como el bloqueo de más de 90 cuentas bancarias y productos financieros en España. También se han cursado comisiones rogatorias a Irlanda y Reino Unido para el aseguramiento de otros bienes y posiciones bancarias.