Detenidos un activista pro derechos humanos y una defensora de los derechos de la mujer

Teherán.- Agentes iraníes han detenido al activista estudiantil pro derechos humanos Navid Janyani y a la defensora de los derechos de la mujer Mahbubé Karamí, informó hoy la página web "Jaras", afín al líder del movimiento opositor "verde", Mir Husein Musaví.

Según la fuente, efectivos de las fuerzas de Seguridad se personaron anoche en casa de Janvani y se lo llevaron a un lugar no determinado tras registrar su domicilio y apropiarse de efectos personales como su ordenador.

El detenido es el séptimo miembro del comité de investigación de derechos humanos arrestado desde que el pasado junio estallaran las protestas populares contra la reelección, el 12 de junio de 2009, del presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, que la oposición considera fruto de un "fraude masivo".

El sitio web Jaras informó asimismo de la detención anoche de Mahbube Karamí, miembro de la campaña de un millón de firmas que trabaja por la igualdad de los derechos de la mujer.

Según la fuente, Karamí fue detenida a las 22.00 horas (18.30 GMT) por agentes de seguridad que registraron su domicilio y se incautaron de algunas de sus pertenencias.

Esta es la quinta vez que Karimi es detenida desde que estallaran las protestas en junio, explicó a "Jaras" su abogado Hushang Purbabai.

La República Islámica de Irán está sumida en la peor crisis política y social que ha sufrido en sus treinta años de historia desde las polémicas elecciones del 12 de junio de 2009.

Desde entonces, las protestas no han cesado pese a la violenta represión de la policía, las miles de detenciones y la persecución de los opositores.

El Poder Judicial ha condenado a más de un centenar de personas a diversas penas, entre ellas a ex miembros del anterior gobierno, representantes de la oposición, periodistas e investigadores.

Además ha condenado a muerte a una docena de personas, de las que ocho aún están pendientes de apelación.

Meses atrás, el régimen ejecutó a dos hombres detenidos antes de las elecciones, acusados de pertenecer a los grupos de oposición en el exilio, a los que el régimen responsabiliza, junto a países como Estados Unidos o el Reino Unido, de los disturbios.