Detienen a tres promotores inmobiliarios por un desvío de seis millones de euros

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la ‘Operación Capsa’, a tres directivos de una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria, por la presunta comisión de diferentes delitos que han propiciado el desvío de seis millones de euros a su favor. La sociedad promotora era la encargada de localizar los terrenos a comprar y del desarrollo de las promociones inmobiliarias que nunca se produjeron.
Durante el desarrollo de la operación, también han sido imputadas 15 personas a las que los miembros de la organización utilizaban como administradores de diversas empresas instrumentales creadas para cometer el fraude.
Durante la operación se ha procedido a cuatro registros en las localidades barcelonesas de Terrasa, Esplugues de Llobregat y dos en Sant Felliu de Codines, en los domicilios de los que fueron presidente, director general y subdirector general de la mercantil investigada, procediéndose a paralelamente a la detención de los tres, a quienes se les imputan delitos de apropiación indebida, falsedad documental, administración desleal y contra la Hacienda Pública.
Como consecuencia de los registros fue intervenida abundante documentación y ordenadores, dinero en efectivo, relojes, bolígrafos y plumas de reconocidas marcas, joyas y unos 40 cuadros, algunos de pintores reconocidos, a la espera de catalogación.
Entre los años 2004 y 2007 la empresa, investigada por el Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña, habría constituido diferentes sociedades participadas al 50% con varias cajas de ahorro, de tal manera que éstas eran las que aportaban la financiación para la compra de solares y terrenos en toda Cataluña.
Además, la contabilidad de estas sociedades participadas fue cedida por las cajas de ahorros a la promotora, lo que propició que ésta, presuntamente, expidiera facturas falsas por servicios no prestados, facturas infladas y refacturaciones, irregularidades que eran justificadas por servicios supuestamente prestados por terceros y que en realidad se trataba de sociedades instrumentales creadas con ese fin y en las que se había colocado como administradores a personas de su confianza.
Por otra parte, también se utilizaron facturas falsas con el objetivo de aminorar la cuota correspondiente al impuesto de sociedades, con lo que la promotora, presuntamente, ha podido defraudar una cantidad superior a los tres millones de euros.