Siete meses. Ese es el tiempo que ha tardado en estallar la primera gran crisis entre PSOE e IU en Andalucía con Susana Díaz al frente de la presidencia de la Junta, salvada hoy 'in extremis'. Los choques y las tensiones entre los dos socios de Gobierno han sido constantes -también durante el primer año de legislatura, con José Antonio Griñán liderando el Ejecutivo- pero fue el desalojo de los okupas de la corrala Utopía y el posterior realojo en viviendas públicas por parte de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, lo que puso el pacto al borde de la ruptura total.
Cortés, uno de los tres miembros de IU en el Ejecutivo regional, decidió saltarse los plazos de adjudicación de viviendas y la lista de espera para optar a ellas al adjudicar pisos a esos okupas desalojados, algunos de los cuales tenían trabajo y no estaban en situación de exclusión social. La decisión había sido anunciada días antes –el desalojo tuvo lugar el domingo- y Díaz se había opuesto sin ambages. La consejera hizo caso omiso y el miércoles concedió 18 pisos a inquilinos de la citada corrala.
La presidenta andaluza reaccionó de inmediato y ese mismo día anunció que retiraría las competencias sobre adjudicación de viviendas de parque público a sus socios de Gobierno, cosa que hizo efectiva al día siguiente. El grado de tensión era ya tan elevado que hizo peligrar el acuerdo por el que los socialistas conservaron el poder en Andalucía tras las elecciones de 2012, en las que por primera vez en democracia no fueron el partido más votado. De hecho, durante dos días delegaciones de ambos partidos abordaron el conflicto en reuniones maratonianas cuyos avances no fueron significativos.
El líder de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, declaró la "suspensión momentánea" del pacto de Gobierno mientras Díaz siguiera sin devolver las competencias retiradas a Cortés. El PP que lidera desde hace solo unas semanas Juan Manuel Moreno Bonilla intentó mediar ofreciendo a la presidenta andaluza apoyo para mantenerla en el poder en caso de ruptura con IU. La situación parecía abocada al fin del acuerdo tras el órdago de la coalición, pero la líder del PSOE-A –una de las figuras con mayor proyección del socialismo andaluz- ha rectificado hoy parcialmente su posición, restableciendo las competencias íntegras en materia de vivienda a IU a cambio de que diez de esos pisos adjudicados a los okupas vuelvan a salir a concurso.
El hecho de que la situación se haya reconducido no supone paliar el deterioro en las relaciones PSOE-IU, cuyo pacto para gobernar al alimón la comunidad más poblada de España aparece hoy más frágil que nunca. Lo distantes que están ambas formaciones en temas clave y el hecho de que Díaz no parece dispuesta a pasar por determinados aros dan fuerza a la teoría, ya defendida públicamente por el líder de la oposición, de que la legislatura no se agotará y la presidenta convocará elecciones para tratar de alcanzar una mayoría absoluta que le permita gobernar sin el condicionante de sus actuales socios.
Tres de las 11 consejerías que componen el Gobierno autonómico están en manos de la coalición de izquierdas, además de la vicepresidencia que ostenta Diego Valderas. También en manos de Valderas está la cartera de Administración Local y Relaciones Institucionales. Junto con la ya citada Cortés, que controla Fomento y Vivienda, Rafael Rodríguez completa la representación de IU con la consejería de Turismo y Comercio. Cometencias y poderes suficientes como para incomodar día sí día también a los socialistas andaluces, que jamás se vieron en la situación de compartir poder en la regió.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios