Diputaciones provinciales: renovarse o morir

Marco Leal

Madrid, 21 ago.- El debate no es nuevo, pero el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba lo ha vuelto a poner en el candelero hace unos días. ¿Tienen sentido las Diputaciones Provinciales en la estructura territorial del Estado? ¿Es necesaria una cuarta administración? ¿Son sostenibles en una situación de crisis?

Previstas en el artículo 141 de la Constitución y a punto de cumplir doscientos años, estas instituciones ejercen una labor de la que nadie duda: la prestación de servicios a los pequeños municipios que por sí mismos no podrían prestarlos. ¿Deberían, por tanto, suprimirse?

En esa discusión se han enzarzado estos días los partidos, aunque ya el año pasado el ministro de Fomento, José Blanco, abrió el melón al preguntarse si tenía sentido la existencia de estas instituciones en un momento de crisis.

Son 41 las diputaciones que existen en España, aunque tres de ellas -las forales vascas- se han quedado fuera de este debate dado su particular régimen.

Tampoco se cuestiona la permanencia de los siete cabildos canarios ni de los tres consejos insulares de Baleares, comunidades en las que este cuarto nivel de la administración no se organiza en provincias sino en islas.

El debate se centra en las 38 diputaciones de régimen común que funcionan en las comunidades pluriprovinciales, ya en que las uniprovinciales -Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja- esa administración fue absorbida por la autonómica.

LAS CIFRAS

Rubalcaba, candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, ha echado cuentas y dice que renovar las diputaciones supondría un ahorro de mil millones de euros y de mil cargos políticos.

Hay otras cuentas que ya están echadas, como la de los presupuestos de esas 38 administraciones que, según los datos de 2010, gestionan casi 6.500 millones de euros, de los que unos 2.000 millones (algo más de un 30 por ciento) son gastos de personal.

Aunque están fuera de debate, las tres diputaciones vascas, con amplias competencias en materia fiscal, contaron el pasado año con un presupuesto de 13.325 millones y los cabildos y consejos insulares de 634 millones.

Según datos también de 2010, los últimos oficiales disponibles, las diputaciones, cabildos y consejos cuentan con 76.151 trabajadores públicos, lo que supone sólo el 2,8 por ciento del total de empleados al servicio de las distintas administraciones públicas.

De ese total, 30.406 son funcionarios, 36.733 personal laboral y 9.012 otro personal.

En cualquier caso, en los últimos cuatro años el número de empleados al servicio de las entidades provinciales ha descendido un 7,5 por ciento

Y más cifras. Según los datos del Banco de España correspondientes al primer trimestre del actual ejercicio, las diputaciones, cabildos y consejos acumulan una deuda de 7.194 millones de euros, de los que 4.168 millones corresponden a las de régimen común, 2.040 a las forales y 986 a las entidades insulares.

Un endeudamiento que ha ido creciendo paulatinamente, en concreto un 35 por ciento en el último decenio en el caso de las de régimen común, un 52 en las forales y un 61 en las administraciones canarias y baleares. En su conjunto, el aumento ha sido del 43,4 por ciento.

De todos modos, la situación de las arcas no es igual en todas las diputaciones. La de Ciudad Real, por ejemplo, las tiene muy saneadas y cerró el pasado ejercicio con déficit cero.

Con todo ese dinero las diputaciones gestionan servicios tan imprescindibles para los pequeños pueblos como el agua, los residuos y los bomberos y reparten fondos estatales para arreglar caminos, carreteras y otras infraestructuras.

DE COLOR AZUL

Las diputaciones provinciales son órganos de elección indirecta, ya que su composición se establece a partir de los resultados de las elecciones locales, en las que se eligen los representantes políticos de los ayuntamientos.

El batacazo electoral del PSOE en los comicios del pasado 22 de mayo también ha teñido de azul el mapa provincial. Así, el PP, que antes de las elecciones gobernaba en 14 diputaciones, lo hace ahora en casi el doble (26). A los socialistas le han quedado 8 de las 21 que dirigía (Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Huelva, Huesca, Jaén, Lugo y Sevilla). Las otras cuatro, las catalanas, las preside CiU.

Hay quien dice que los socialistas han abierto el debate sobre el futuro de estas instituciones precisamente porque han perdido poder en ellas.

Esta es la opinión de la directora de la campaña del PP, Ana Mato, para quien el PSOE quiere que las diputaciones "no funcionen" porque "piensa sólo en su interés particular".

No obstante, los "populares" son partidarios de afrontar la reforma y modernización de estas entidades y, de hecho, aprobaron el pasado 18 de julio una resolución en la que critican al PSOE por proponer la supresión ahora que han perdido "cotas importantes de gobierno".

La propuesta del PSOE "carece de rigor", a juicio del PP, y se ha lanzado "simplemente porque no gobiernan" esas instituciones.

Junto a estas críticas, el PP enumera una serie de medidas para modernizar y racionalizar las diputaciones que van desde la reforma de su financiación hasta la posibilidad de modificar su sistema de elección.

Todo ello siempre su destino vaya unido "de forma inequívoca a una clara vocación de ayuda y apoyo a los pequeños y medianos municipios".

De las acusaciones de los "populares" se ha defendido la directora de campaña del PSOE, Elena Valenciano, que las ha calificado de lamentables y ha recordado que este asunto lleva mucho tiempo en discusión.

En cualquier caso, el PSOE no ha lanzado todavía una propuesta concreta, pero lo hará cuando la tenga definitivamente elaborada.

El mensaje de Rubalcaba ha sido acogido de forma desigual en el seno de su partido y algunos de sus dirigentes, como el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha calificado las diputaciones como "buenos instrumentos de aprovisionamiento de servicios a municipios que de otra manera no los tendrían".

Desde CiU, su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, cree que Rubalcaba "va de farol" con una propuesta "puramente electoralista", aunque se muestra partidario de la supresión.

EL ALMA DE LOS AYUNTAMIENTOS. LOS PRESIDENTES SE DEFIENDEN

Otros políticos han intervenido en el debate, como uno de los padres de la Constitución, Gregorio Peces Barba, o el expresidente de la FEMP, Francisco Vázquez.

El primero respalda la idea de la supresión porque "basta" con una administración local. El segundo opina que se podría prescindir de las diputaciones, pero si no se hace de manera ordenada inmediatamente las autonomías organizarán sistemas de descentralización con lo que el error que se quiere solucionar "se multiplicará por tres".

Mientras, presidentes de diputación de uno u otro signo se defienden.

Así, el de la de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, es tajante, dice que suprimirlas sería el "caos" para los pequeños municipios y no cree que las mancomunidades puedan sustituirlas porque hasta ahora "no han dado buenos resultados".

Tanto es así que para el presidente de la Diputación de Cáceres, Laureano León (PSOE), lo que debería desaparecer son las mancomunidades.

Otros presidentes socialistas, como los de Badajoz o Lugo, también han defendido la permanencia de las diputaciones, definidas como "alma de los ayuntamientos" por el máximo dirigente de esta institución en Ávila, Agustín González, del PP, partidario, no obstante, de reordenarlas.

De "oportunismo político" y de "electoralista" han calificado la propuesta de Rubalcaba los presidentes de las diputaciones de Palencia y Zamora, también del PP, que recuerdan que 15 millones de españoles viven en el medio rural y, en su mayoría, en pequeños pueblos.

El debate seguirá abierto sin duda hasta las elecciones, pero en 2012 las diputaciones podrán celebrar su bicentenario. ¿Cuántos cumpleaños festejarán más?.