Panamá, 10 feb.- El vicepresidente del parlamento panameño, el oficialista Marcos González, dijo hoy tener "pruebas" de que las protestas indígenas contra la minería fueron azuzadas por políticos y sindicalistas opositores con la intención de propiciar un "golpe de Estado" contra el mandatario Ricardo Martinelli.
González señaló en rueda de prensa directamente a los opositores Partido Democrático Revolucionario (PRD) y Partido Panameñista (PP), así como al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) de supuestamente pretender propiciar el derrocamiento de Martinelli.
El diputado aseguró que existen "grabaciones, cintas de conversaciones que reflejan el interés" de esos sectores de presuntamente animar las protestas indígenas registradas entre el 30 de enero y el pasado martes, "pruebas" que serán presentadas en una fecha que no precisó.
"Han sido estos movimientos (indígenas) dirigidos a desestabilizar al Gobierno en aras de promover un golpe de Estado (...) Suntracs está detrás, el Partido Revolucionario Democrático y el Partido Panameñista", afirmó el diputado del oficialista partido Cambio Democrático (CD), de Martinelli.
El presidente del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas, negó que esa agrupación pretenda derrocar a Martinelli e interpretó que, por el contrario, la denuncia oficialista escondería la intención del Gobierno de propinarse un "autogolpe".
Con su denuncia, "González lo que está tratando de decir es que el presidente Ricardo Martinelli puede en estos momentos tan cruciales (...) debido a la inestabilidad que él mismo ha producido, darse un 'autogolpe'", declaró Sánchez a la radio local.
"Que no trate de esconder las intenciones que tiene el Gobierno, quizás, de darse un autogolpe, echándole la culpa al PRD (...) nosotros no tenemos el menor interés en interrumpir el orden constitucional de este país", añadió.
Asimismo, el diputado del Partido Panameñista, Adolfo Valderrama, rechazó la acusación oficialista y la supeditó a un intento del Gobierno de desviar la atención sobre su responsabilidad en el conflicto indígena y la supuesta mala marcha del país.
"Parte de los problemas del país" como la "crisis social, la delincuencia y el alto costo de la vida" es consecuencia de que Martinelli "no cumple con su palabra (...) el único problema que se dio aquí en esta semana (con el conflicto indígena) fue no querer cumplir con su palabra", aseveró Valderrama.
Las protestas callejeras se enmarcaron en la exigencia del pueblo Ngäbe-Buglé de que una ley que discute la Asamblea Nacional establezca un veto a la explotación minera e hídrica dentro de su Comarca, áreas anexas y en territorios y comunidades fuera de ese territorio donde haya presencia de esa etnia.
Los enfrentamientos con la policía dejaron dos muertos y casi un centenar de heridos, además de 140 detenidos, todos ya liberados según el Gobierno.
El Gobierno de Martinelli, en la Presidencia desde julio de 2009, ha dicho que apoya toda prohibición a la minería en la Comarca Ngäbe-Buglé, tal como las partes acordaron en febrero de 2011, y asegura que el veto a la explotación de los recursos hídricos no estaba incluido en dicho convenio.
Las partes dirimen desde el miércoles sus diferencias en una mesa de negociación en la Asamblea Nacional.
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