Discapacidad. Expertos y representantes de la discapacidad advierten de la escasa eficacia de las leyes en este ámbito

Expertos y representantes del sector de la discapacidad alertaron en una mesa de debate organizada por Fundación ONCE de que el avanzado marco normativo que España disfruta en materia de discapacidad puede terminar no siendo eficaz si tanto Administración como sociedad no se implican de forma más decidida en garantizar el cumplimiento del mismo.
"Lo que se publica en el BOE no se aplicará de manera efectiva mientras la Administración y la sociedad no se impliquen de forma más decidida en exigir el cumplimiento de la normativa sobre discapaciad", señaló Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, en el marco de la Mesa de Debate 'La protección jurídica de las personas con discapacidad', que tuvo lugar en la sede de Servimedia.
Cabra de Luna participó en este foro junto al director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Tremiño; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno; la directora de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, Almudena Castro-Girona, y la letrada del Congreso Clara Garrido.
En relación con el nivel de efectividad de la legislación en materia de protección de derechos de las personas con discapacidad en España, Castro-Girona apeló al ejemplo de las infracciones de tráfico y abogó por la importancia básica de establecer "un sistema de infracciones y sanciones que se aplique con todo el rigor", para garantizar el cumplimiento de la normativa en asuntos como la accesibilidad universal.
Clara Garrido, la primera letrada ciega del Congreso de los Diputados, subrayó que conseguir ese objetivo es un trabajo de todos, no sólo de la Administración. "Ninguno de los artículos de la Constitución que reconoce derechos fundamentales excluye a las personas con discapacidad. Es necesario convencer a las personas con alguna discapacidad de que no solo tienen la posibilidad de ejercer estos derechos, sino la obligación de hacerlo", indicó.
En una línea similar se expresó Luis Cayo Pérez Bueno. "Ninguna ley, ningún fiscal va a estar más interesado en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad que las propias personas con discapacidad. Son las personas con discapacidad las que día a día tienen que mostrar tolerancia cero con la exclusión y la discriminación, y utilizar todos los mecanismos que les da el Estado de Derecho para evitar que se produzcan este tipo de situaciones", dijo el presidente del Cermi.
EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN
El representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Tremiño, admitió que aún queda camino por recorrer en el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, pero también puso en valor que España cuente con uno de los marcos normativos más avanzados en este ámbito y subrayó el compromiso del Gobierno con el colectivo.
"Desde hace tres años, toda la producción normativa del Ejecutivo ha tenido en cuenta la singularidad de las personas con discapacidad con medidas de acción positiva a su favor", afirmó el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
IMPACTO DE LA CRISIS
El panel de expertos también analizó el impacto de la crisis sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Cabra de Luna subrayó, en este sentido, que durante la crisis se ha duplicado el número de personas con discapacidad en situación de pobreza severa y exclusión, y advirtió de que existe un círculo perverso según el cual la discapacidad aumenta el riesgo de caer en la pobreza y la pobreza eleva el riesgo de sufrir algún tipo de discapacidad. Una situación, dijo, que acredita "la necesidad de mejorar la situación económica de las personas con discapacidad y de los hogares donde residen".
En este sentido, Pérez Bueno recalcó también que la crisis "no puede ser una coartada para no hacer nada, porque hay muchos derechos que llevamos reivindicando desde hace años y cuyo reconocimiento no tendría ningún coste presupuestario".