Discapacidad. Feafes pide en el congreso que el código penal no asocie 'enfermedad mental' y 'peligrosidad'

El presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes), José María Sánchez Monge, pidió este miércoles en el Congreso de los Diputados que se retire por “injusta” la asociación entre los términos “peligrosidad” y “enfermedad mental” de la reforma del Código Penal.
Sánchez Monge hizo esta consideración en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, donde compareció para dar su parecer sobre el proyecto que modificará la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Según explicó, es “injusto” asociar la “peligrosidad” a las personas con “enfermedad mental” porque no son en sí peligrosas. Lo que ocurre, señaló, es que, por su enfermedad, pueden cometer a veces actos que sí pueden considerarse peligrosos.
A su parecer, sería posible minimizar estos actos con un sistema social y sanitario capaz de ofrecer una buena atención a estos pacientes.
Sánchez Monge afirmó que el borrador de la reforma del Código Penal ha hecho saltar algunas “alarmas” a Feafes, que ha elaborado una serie de recomendaciones para que los grupos parlamentarios las tengan en cuenta a la hora de tramitar el proyecto de ley en el Parlamento.
Así, entre estas recomendaciones figura la de “retirar del texto el término peligrosidad asociado al trastorno mental, por inadecuado y por falta de rigor”.
Además, la entidad aconseja que la ley tenga “un mayor enfoque de derechos humanos”, ya que la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad “tiene difícil encaje” en ella, tal y como está ahora concebida.
Del mismo modo, Feafes es partidaria de que se incorpore en la exposición de motivos de la norma la perspectiva de que muchas de las situaciones de riesgo que afectan a las personas con trastorno mental y las hacen cometer un hecho delictivo “se pueden prevenir desde una red de servicios sociosanitarios adecuada, que atienda a la persona desde una perspectiva integral y que esté preparada para ejecutar las medidas establecidas en el Código, a fin de evitar que la administración penitenciaria venga a suplir sus eventuales carencias”.
La confederación aboga también en sus recomendaciones por buscar alternativas a la prisión ordinaria para las personas que teniendo que cumplir una condena presenten también un trastorno mental y por no primar el internamiento en centros penitenciarios ni en centros psiquiátricos por encima de tratamientos en el ámbito sociosanitario, “mucho más adecuado para tratar con dignidad este tipo de problemas de salud”.
A este respecto, Sánchez Monge apuntó que “sería muy valorable” que se siguiera el ejemplo de países como Reino Unido, Irlanda o Noruega, donde se ha adoptado un enfoque de derechos humanos basado en la atención sociosanitaria y que prima claramente sobre la penitenciaria. De esta forma, insistió, el sistema que atiende al paciente con trastorno mental es el sanitario y no el penitenciario.
Igualmente, Feafes apuesta por incorporar al nuevo Código Penal la visión de la Constitución, que en su artículo 25 establece expresamente que las penas y medidas de seguridad deberán estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social.
En este sentido, el presidente de la entidad señaló que un centro psiquiátrico solo ayuda a la persona y no fomenta una recuperación y su inserción social, por lo que, añadió, “como mínimo”, el proyecto de ley tendría que especificar, como hace el actual Código Penal, que las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena estrictamente aplicable al hecho cometido.
También debería recoger el nuevo texto, a su parecer, que el internamiento en centros psiquiátricos nunca pueda ser permanentemente prorrogable, además de incorporar como medida de seguridad no privativa de libertad el tratamiento asertivo comunitario y suprimir la libertad vigilada como medida adicional.
Finalmente, las recomendaciones de Feafes pasan por implantar “medidas terapéuticas básicas” a través de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, “para una atención mejor y más adecuada de las personas con enfermedad mental y de sus familias.