Discapacidad. La defensora del pueblo insta al gobierno a aprobar el reglamento de accesibilidad en bienes y servicios

La Defensora del Pueblo ha instado al Gobierno a aprobar el reglamento de accesibilidad de bienes y servicios. Así lo ha trasladado al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), a través de un escrito, en relación a una queja presentada por esta entidad.
La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad hace referencia en una carta a la necesidad de cumplir, con la mayor brevedad posible, el mandato legal en la Liondau, y expresa su voluntad de que esta regulación se lleve a cabo, en la medida en que es necesaria para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y sus familias en la esfera de los bienes y servicios a disposición del público.
Asimismo, aunque reconoce que la aprobación de esta norma sufre un importante retraso, hace constar que durante estos años se han llevado a cabo trabajos conjuntamente con otros ministerios, y con la participación de las personas con discapacidad y sus familias a través del Cermi. Y, además, informa de que el proyecto ha sido objeto de análisis e informe favorable por la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad.
Entre estos trabajos a los que hace referencia, destaca el acuerdo suscrito con Tragsatec S.A. en mayo de 2011 por la Secretaría de Estado de Política Social y Consumo para la elaboración de un estudio sobre el impacto económico de la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad en el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.
En este sentido, manifiesta que el último de los borradores de proyecto y la memoria del impacto normativo, que incluye como anexo el estudio sobre el impacto económico, fueron remitidos a la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad a la Subdirección de Normativa de la Secretaría General Técnica del Ministerio, desde donde se continúa su tramitación.
Así, señala que actualmente este proyecto normativo de referencia se encuentra en trámite de audiencia y de consulta a los ministerios competentes y que próximamente se someterá a consulta de las comunidades autónomas.
Por ello, la defensora del Pueblo, tras examinar la información ofrecida por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, le ha comunicado que han transcurrido más de nueve años y todavía no se ha cumplido con el mandato legal incluido en la Liondau, al tiempo que ha solicitado una información más concreta sobre el estado actual de tramitación la norma, así como la copia del texto actual del proyecto y del informe de impacto económico.