Palma.- Dos de los detenidos ayer en la nueva operación anticorrupción desarrollada en Mallorca contra un trama descubierta en el servicio de recogida de basuras del Consell insular continúan detenidos en comisaría, mientras que otros cuatro arrestados han quedado en libertad con cargos.
Los implicados que fueron puestos en libertad tras declarar son directivos de importantes empresas de construcción y servicios que se dedican a la gestión del medio ambiente en Mallorca (FCC, Melchor Mascaró y Ses Nostres Eines), y quienes han quedado imputados por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y, en algunos casos, falsedad documental, han informado a Efe fuentes policiales.
Los seis detenidos en la "operación Cloaca" a lo largo del día de ayer han sido identificados por la policía como S.G.U. y G.R.C., que permanecen detenidos; y G.P.P., M.M.M., E.F.A. y otra M.M.M., los cuatro que se encuentran en libertad con cargos.
A lo largo del día de hoy, los dos arrestados que continúan en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Baleares pueden quedar también en libertad con cargos.
Uno de ellos es un ingeniero técnico de la consellería de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, que fue detenido en su despacho de la institutución insular.
La operación anticorrupción en la recogida de residuos, bautizada precisamente con el nombre de "operación Cloaca" y dirigida por la fiscalía anticorrupción, continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones de presuntos implicados en la trama.
En este nuevo caso se investiga un supuesto desvío de fondos públicos, de emisión de facturas falsas y posible cobro de comisiones en la gestión de la recogida de los residuos urbanos de Mallorca, que comprende a todos los municipios de la isla exceptuando el área metropolitana de Palma.
No obstante, la clave de la investigación se encuentra en el supuesto cobro de servicios por tratamiento selectivo de basuras que no se llegaron a realizar, según fuentes de la investigación.
La operación anticorrupción se centró en la consellería de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, en Palma, y en diferentes empresas adjudicatarias situadas tanto en la capital balear como en las localidades mallorquinas de Inca y Manacor.
El Consell fue el que denunció a la Fiscalía que se había detectado una sobrefacturación de más de un millón de euros en los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos que prestaban empresas privadas concesionarias de la administración insular.
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