Dos reclusos ratifican que diácono les tramitaba indultos a cambio de dinero

Barcelona, 26 jul.- Dos reclusos han ratificado hoy ante el tribunal que ha juzgado al subdelegado de la pastoral penitenciaria del Obispado de Vic (Barcelona), el diácono J.B.G.N., que éste les cobró 30.000 y 25.000 euros, respectivamente, por tramitarles cambios de cárcel, permisos penitenciarios e indultos.

El juicio contra el diácono, acusado de delitos de estafa, ha quedado hoy visto para sentencia tras la declaración de uno de los reclusos que ha asegurado que su familia le pagó 30.000 euros para tramitarle primero permisos y luego un indulto que nunca llegó.

Hoy también ha declarado otro exinterno de la cárcel Modelo que, desde un juzgado de Lima (Perú), ha testificado por videoconferencia que el acusado le cobró 25.000 euros en 2004 para obtener su libertad a través de una petición de indulto, que el Obispado de Vic sí tramitó a la Casa del Rey, pero que fue finalmente denegada.

La esposa de este hombre, que también ha testificado mediante videoconferencia, ha ratificado que en 2004 viajó dos veces a Barcelona para pagarle cada vez 12.500 euros al diácono para que sacara a su marido de la cárcel.

El diácono, de origen mexicano pero afincado legalmente en España desde hace más de una década, ha sido juzgado acusado de estafar a presos a los que supuestamente pedía dinero, y en dos casos presuntamente llegó a cobrarlo, para conseguirles permisos e indultos.

El acusado, que es subdelegado de la pastoral diocesana de Vic desde el año 2000, niega todas las acusaciones y ha renunciado a usar su turno final de palabra.

La fiscal ha elevado a definitiva su petición de ocho años de cárcel por un delito de estafa y otro de estafa continuada con el agravante de aprovechar su condición de "hombre bueno, hombre de la Iglesia" para ganarse la confianza de los presos, y ha añadido a su petición que sea inhabilitado como diácono durante la pena que se le imponga.

La representante del ministerio público ha argumentado que el diácono se aprovechó "de la desesperación de personas que cumplen largas condenas y que se agarran a cualquier esperanza, y más viniendo de un hombre influyente por su cargo en la Iglesia".

Por contra, el abogado defensor ha pedido la absolución del diácono por entender que no existió ningún engaño y que en todo caso sería reprobable moralmente que hubiese cobrado por hacer los trámites penitenciarios que realmente hacía, pero que en ningún caso se trataría de un delito de estafa.

También ha rechazado la aplicación de cualquier agravante al entender que eran los reclusos los que se dirigían al diácono para pedirle ayuda, alentados por los rumores que corrían por las prisiones de que, a cambio de dinero, les conseguía traslados, permisos e indultos, y no era éste el que los ofrecía.