El acusado de una estafa piramidal de tres millones culpa al socio fallecido

Sevilla, 4 feb.- Un empresario acusado de una presunta estafa piramidal en la que se apropió de 3.269.576 euros de 66 inversores ha culpado hoy a su socio fallecido pero ha reconocido que destinaban el dinero que recibían a pagar intereses de otros clientes y no a las inversiones comprometidas.

En el juicio que ha comenzado hoy en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el empresario Manuel S.D. ha afirmado que su socio fallecido, José María G.P., "era quien tomaba las decisiones de invertir", ya que él tenía "funciones comerciales".

Ha declarado que a partir de 1998 comprobó que su socio estaba destinando el dinero que recibían a pagar intereses de otros clientes en vez de hacer las inversiones comprometidas y fue entonces cuando José María G.P. "se quitó de en medio" y "dio la callada por respuesta" cuando le pidió explicaciones.

Él mismo, sin embargo, "oficialmente" no hizo nada y no convocó una Junta General de la sociedad Sousa y González, ha dicho el empresario, quien ha precisado que "no sabe donde fue a parar el dinero" aunque ha asegurado que no fue para su propio beneficio.

Ha indicado que él no se apropió del dinero de los clientes ya que tenía sus propios ingresos con las comisiones que cobraba de la entidad donde invertía el dinero y de sus propios trabajos como asesor fiscal.

El fiscal solicita para el empresario siete años de cárcel porque con una actitud "contraria a la más elemental precaución" y "contra la lógica de cualquier inversión en valores de renta variable", ofrecía a sus clientes un interés fijo con un tipo de interés que un perito ha calificado de "temerario".

El empresario ha reconocido que, al descubrirse los hechos, vendió su propia vivienda a un amigo, razón por la que el fiscal le imputa otro delito de alzamiento de bienes.

En el juicio ha declarado como acusada de este segundo delito su esposa María del Rosario S.B., quien ha declarado que, aunque figuraba como socia, era una simple ama de casa "y de la empresa no sabía nada".

Sousa y González fue creada en 1986 y "mientras la situación económica fue boyante, pudo ir cumpliendo con el pago de los intereses prometidos y pudo devolver los capitales invertidos, si le eran solicitados", según el fiscal, pero a partir de 1998 siguió captando inversiones y "lisamente y llanamente se apoderó de ellas" o las destinó a pagar intereses de anteriores inversiones.

Los 66 afectados le entregaron entre 6.000 euros hasta los 721.219 euros que invirtieron los hermanos María del Carmen, Antonio y Diego J.H.

El acusado ha reconocido que un cliente les entregó dinero para bonos del estado pero aún así lo invirtieron en renta variable y ha precisado que él mismo hizo una "gran auditoría pero no puedo indicar adónde fue a parar el dinero".