El Ayuntamiento de Sevilla pagará 23.279 euros por una caída en la acera

Sevilla, 5 ago.- El Ayuntamiento de Sevilla ha sido condenado a indemnizar en 23.279 euros a una mujer que se cayó en una acera con "notables desperfectos, elevación y rotura del enlosado", y que sufrió la fractura de un brazo y varios traumatismos de los que tardó en curar 147 días.

El accidente ocurrió el 30 de noviembre de 2004, cuando M.V.F.S. caminaba frente al número 41 de la avenida Menéndez Pelayo de Sevilla y se cayó al tropezar en un agujero de la acera debido "al deficiente estado del acerado, que presentaba notables desperfectos tales como elevación y rotura del enlosado", según la sentencia.

La mujer, de 66 años, fue auxiliada por su marido y trasladada en un taxi al hospital, donde le apreciaron traumatismos en la cabeza y tórax, brazo izquierdo, ambas rodillas y fractura completa del cuello del húmero izquierdo.

El abogado que presentó la demanda, José María Ruiz Bobillo, ha explicado a Efe que el Ayuntamiento de Sevilla reconoció su responsabilidad pero solo admitió el pago de 12.554 euros, por lo que el letrado llevó el caso a los tribunales y el Juzgado de lo Contencioso 6 ha fijado ahora el total a cobrar en 23.279 euros más los intereses legales.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, eleva la indemnización reconocida por el ayuntamiento ya que la mujer tardó 147 días en curar "desde la caída hasta el alta clínica de rehabilitación" y todos ellos estuvo impedida para sus ocupaciones habituales.

La juez, sin embargo, no admite la reclamación de 2.996 euros por haber tenido que contratar servicio doméstico derivado del accidente dado que la demandante no demostró que no estuviera recibiendo ese servicio con anterioridad y "no se acredita que su necesidad tuviera su origen" en la caída.

El Ayuntamiento de Sevilla reconoció en agosto de 2006 que el acerado estaba en mal estado y que M.V.F.S. había sufrido unos daños personales "que no tenía jurídicamente el deber de soportar", por lo que existía la "relación de causalidad" que exige la ley entre el funcionamiento de un servicio público y el daño sufrido.