La informacion.com ha entrevistado a Martín de la Herrán, candidato de UPyD a la Junta de Andalucía, y que ha interpuesto una denuncia contra la Diputación Provincial de Huelva porque presuntamente, y tal y como asegura esta formación, habrían incurrido en una serie de ilegalidades a la hora de establecer las contrataciones del Programa de Fomento de Empleo Agrario.
Este viernes la Guardia Civil de Huelva ha registrado la Diputación provincial en busca, según fuentes citadas por Europa Press, de documentación pertinente en relación al Plan de Fomento de Empleo Agrario.
Este medio ha hablado con Martín de la Herrán, que puso hace unos días una denuncia relatando estas presuntas irregularidades que se detallan a continuación, según este partido las irregularidades llevan haciéndose 13 años. "Las irregularidades se basan en que supuetamente han contratado a una serie de personas, una de ellas ha estado contratada cerca de 13 años y esto no se puede hacer. Las contrataciones se estaban haciendo con cargo al Fondo de Empleo Agrario, que, entre otras cosas, exige que sean contratos destinados a la promoción del empleo agrario y que en ningún caso pueden ser de habitualidad", explica de la Herrán. "Había mucha gente, como exponemos en nuestra denuncia, que no cumplía los requisitos para ser contratados", ha añadido.
"Es un caso clarísimo de enchufismo con cargo a Fondos de Empleo Agrario", sentencia.
"No se puede contratar a personal fijo que esté haciendo una labor continuada de asesoramiento o de trabajo en la Diputación, sin embargo ha habido una serie de personas a las que sí que se han contratado en estos términos y nos parece una irregularidad", critica y expone que "además los contratos finalizaban el 30 de junio y se volvían a renovar el 1 de septiembre, por lo que tampoco estaban cumpliendo la ley, la norma dice que hay que esperar tres meses, como mínimo, en el caso de que se contrate a la misma persona".
"El caso del hijo del director de Empleo en Huelva es uno de estos, creemos que se hizo un contrato de trabajo a medida. El contrato se ofertó unos días antes y él mismo trasladó su domicilio antes de que saliera, creo que recordar que era en Campillo", denuncia. "Además se le hace para una obra en concreto y el trabajo que estaba desempeñando en ningún caso tenía que ver con lo que establece el Fondo pues lo que él hacía era una labor general de asesoramiento de la Diputación, que no puede estar con cargo a estos fondos", reitera.
UPyD ha puesto en conocimiento de la Fiscalía estas irregularidades y ellos sostienen que el registro que se ha producido este viernes tiene que ver con sus acusaciones.
"El caso de las renovaciones de estos contratos debería ser excepcional, pero en nuestra denuncia exponemos que hay una persona que lleva 13 años seguidos haciendo estas renovaciones, además los Fondos de Empleo Agrario no están para contratar ni a abogados ni a arquitectos", expone de la Herrán.
"Creemos que estos contratos se han dado desde la Diputación con mucha alegría, estos contratos de los que hablamos, en todo caso, se deberían hacer con cargo al presupuesto ordinario a la Diputación de Huelva y no con cargo a unos fondos agrarios", achaca.
"No se pueden usar unos fondos para contratar a personas que tienen relaciones cercanas, todo se ha escondido bajo el paraguas del Fondo", critica duramente de la Herrán. En la denuncia estiman que las irregularidades en los contratos ascenderían al monto de 300.000 euros, presuntamente, aunque aseguran que desconocen el alcance y para ello lo han puesto en conocimiento de la Fiscalía.Desde la Diputación se asegura que los contratos se ajustan a la ley
En función de los documentos oficiales que aparecen en la página de la Diputación los convenios del PFEA ascienden a 4,9 millones de euros y de ellos se benefician 76 municipios de la provincia.
Este medio se ha intentado poner en contacto con la Diputación provincial durante toda la mañana pero, y puede que por los registros efectuados, no ha obtenido respuesta. A fecha de cierre de esta información ha sido imposible conocer la versión institucional.
El día que se produjo la denuncia, hace unos cinco ya de ello, el propio diputado de infraestructuras de Huelva Alejandro Márquez, salió al paso de las acusaciones asegurando al diario de Huelva que los contratos se ajustaban sin ninguna duda a la legalidad.
Defendió, asimismo, que el perfil de los contratados se ajustaba a los estipulado por la normativa y que la gestión es impecable.La propia institución ha pedido colaboración con la Justicia
El vicepresidente de la Junta andaluza y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha manifestado este viernes, en relación con el registro que agentes de la Guardia Civil están llevando a cabo en la Diputación de Huelva por una documentación del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en una localidad del Andévalo, que ante casos como este hay que pedir la máxima colaboración con la justicia.
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