El caso Efial llega también a los ayuntamientos de L'Ametlla de Mar y Ascó

  • La denuncia que ha desencadenado el registro y posteriores detenciones en el Ayuntamiento de Torredembarra no es un caso aislado ya que los consistorios de L'Ametlla de Mar y Ascó también han sido denunciados por supuestas irregularidades al contratar a la consultora Efial.

L'Ametlla de Mar (Tarragona), 26 jun.- La denuncia que ha desencadenado el registro y posteriores detenciones en el Ayuntamiento de Torredembarra no es un caso aislado ya que los consistorios de L'Ametlla de Mar y Ascó también han sido denunciados por supuestas irregularidades al contratar a la consultora Efial.

En el caso de L'Ametlla de Mar, el juzgado de instrucción número 1 de Tortosa investiga la vinculación de Antonio Martos como gerente de la sociedad urbanística municipal La Cala Gestió, que era al mismo tiempo socio mayoritario de Efial, la consultora a quien habrían adjudicado entre 2010 y 2012 dos contratos valorados en 465.000 y 396.000 euros, respectivamente.

En la fase de diligencias previas fueron imputados el alcalde, Andreu Martí, y el mismo Martos.

La Fiscalía apunta que el gerente de la empresa pública municipal La Cala Gestió, Antonio Martos, podría haber incurrido en un delito de actividades prohibidas a funcionarios públicos y/o otro de negociaciones prohibidas por ser gerente de esta empresa pública y al mismo tiempo socio mayoritario de Efial, la empresa encargada de asesorar a La Cala Gestió.

El caso de Ascó es bastante parecido, ya que el juzgado de instrucción de Gandesa investiga la adjudicación de la gestión de Ascó Servicios a Efial ya que, como ocurría en L'Ametlla, el director general de la empresa municipal era, nuevamente, Antonio Martos, al mismo tiempo presidente y máximo responsable de Efial.

La denuncia en este caso fue presentada a Fiscalía por los concejales del grupo Independents d'Ascó-FIC.

En febrero de 2011, el consejo de administración de la empresa municipal, a propuesta del mismo Martos, acordó adjudicar a Efial un contrato por importe de 351.750 euros y un año de duración en concepto de "gestión y asistencia económico financiera, contable y tributaria" en materia urbanística.

El pasado mes de abril, el juzgado requirió información al Ayuntamiento y la investigación se encuentra bajo secreto de actuaciones.

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