El comité exige a La Naval medidas para la entrada del Gobierno vasco

Bilbao, 21 oct.- El comité de empresa de La Naval de Sestao ha exigido hoy a Construcciones Navales del Norte (CNN), el consorcio propietario del astillero vizcaíno, que ponga en marcha los mecanismos necesarios para la entrada del Gobierno vasco en el accionariado de la planta, cumpliendo con la normativa europea.

En un comunicado, el comité de empresa ha vuelto a cuestionar el ERE -Expediente de Regulación de Empleo- de suspensión de contratos presentado por la dirección de La Naval para aplicarlo durante un período máximo de nueve meses, hasta julio de 2012, y que afectará a un colectivo de entre 30 y 142 trabajadores.

Si no se soluciona el "problema" generado por la paralización del sistema de incentivos al sector naval denominado "tax lease" en la Unión Europea y la entrada del Gobierno vasco dentro del accionariado del astillero, la representación sindical "no puede por menos que rechazar de pleno" el ERE presentado.

Señala que se trata de un expediente "sin garantías de viabilidad y que no asegura la continuidad del astillero".

El comité de empresa de La Naval ha afirmado que espera que sean aclaradas las razones por las que CNN "no ha dado los pasos necesarios" para la entrada del Gobierno vasco en la empresa en la reunión "a tres bandas", que ha solicitado mantener con el Ejecutivo autónomo y con la dirección del astillero.

La representación sindical reclama que se materialice la entrada del Gobierno vasco cumpliendo la normativa europea, que establece, entre otras condiciones, la imposibilidad de comprar acciones a ningún socio por parte del Ejecutivo y que se acompañe la operación de un plan estratégico y un proyecto de inversión.

El comité de empresa de La Naval también ha demandado un acuerdo que permita solucionar el problema generado por la paralización del sistema de incentivos al sector denominado "tax lease", sin el cual "la construcción naval en España es inviable".

La dirección de La Naval ha justificado la presentación del ERE por la falta de trabajo que sufre el astillero asociada a la paralización de ese sistema financiero.

El sistema llamado "tax lease", empleado hasta junio y paralizado por parte de la Unión Europea a instancias de Holanda, permitía ciertas bonificaciones fiscales, ahora consideradas ilegales, a todos los sectores que intervenían en la financiación de un proyecto de construcción naval.