El complejo 'y ahora qué' tras la victoria del independentismo

Con la victoria de 'Junts pel Sí' en los sondeos se abren todas las incógnitas. ¿Y ahora qué? La hoja de ruta de los soberanistas de la lista de Mas, que contempla la independencia en un plazo de año y medio, está trazada desde hace meses. Pero ahora se añade un elemento, quizás ya previsto: la dependencia de las CUP, partidarios de la secesión inmediata. Ante esto, ¿cómo reaccionaría el Estado?

Estos son los posibles pasos:Declaración solemne del Parlament para el inicio del proceso

Lo primero que prevé la hoja de ruta independentista es una "declaración solemne del Parlament de Cataluña en la que se proclamará que, en virtud del mandato recibido de la ciudadanía, se inicia el proceso de independencia". La declaración se comunicará a "las autoridades del Estado español, de las europeas y de la comunidad internacional", y trasladará a la Generalitat un mandato para implementar las medidas prevista en el proyecto soberanista.

Los siguientes pasos irán encaminados a la construcción de un "Gobierno de concentración nacional"que pondrá en marcha "las medidas imprescindibles para la constitución del nuevo Estado". La intención manifestada por 'Junts pel Sí' es que ese gobierno sea capaz de integrar el mayor número de formaciones y partidarios del independentismo.

De acuerdo con las condiciones de la candidatura, CDC y ERC repartirán sus cargos en una proporción del 60 y el 40 por ciento respectivamente. En principio, Artur Mas será elegido president de la Generalitat, pese a haber concurrido como número 4 de la lista. La cuestión genera no obstante discrepancias y estará condicionada a la voluntad de las CUP, que hasta el momento han insistido en que no contará con su apoyo de investidura.Ley de proceso constituyente y elaboración de la Constitución

Una vez superada esta fase, se iniciaría la aprobación de la Ley de proceso constituyente que regularía la elaboración y aprobación de la Constitución. La candidatura advierte en su programa electoral de que "en caso de que el Estado español, mediante decisiones políticas y / o jurídicas, bloquee el autogobierno de Cataluña, el Gobierno y el Parlamento procederán a la proclamación de la independencia y a la aprobación de la Ley de transitoriedad jurídica".

En esta fase, se establece que la ley declarará la continuidad, salvo excepciones, de la aplicación del derecho autonómico catalán, del derecho español, del derecho de la UE y del derecho internacional, los contratos del Estado y la Generatat y la posibilidad de que "los funcionarios y el personal laboral que presten sus servicios a la Administración del Estado en Cataluña se puedan integrar en la Administración del nuevo Estado".

En paralelo, se iniciará la elaboración de un proyecto de texto constitucional que estará ultimado antes de diez meses. Será un documento abierto a la participación de la ciudadanía y que luego habrá de ser validado por referéndum.Negociaciones con el Estado y la comunidad internacional

El programa de 'Junts pel Sí' establece además el inicio de una fase negociadora con el Estado "para hacer efectiva la independencia". El texto reconoce que se mantendrá siempre "una actitud expectante respecto de la alternativa de un referéndum vinculante por parte del Estado español sobre la independencia de Cataluña".

En este punto se iniciaría una fase de "reparto de activos y pasivos" mediante una negociación con el Estado, acuerdos para la gestión de fronteras, traspaso de funcionarios, y negociación sobre todos los bienes materiales que actualmente el Estado administra en Cataluña, como las infraestructuras. Mas ya ha advertido al Gobierno de que el Estado español "no podría soportar una independencia no negociada" ya que interpreta que, en ese caso, habría de asumir toda la deuda pública que corresponde a Cataluña, unos 18.000 millones de euros.

"España se juega mucho con Cataluña. ¿Os imagináis que no hubiera acuerdo con la deuda pública española? ¿Cómo afrontaría su deuda si no hay acuerdo de tal manera que Cataluña no asuma una parte?", preguntó en campaña.Ofensiva internacional

'Junts pel Sí' contempla también una sólida ofensiva internacional, uno de los ejes con el que pretenden dar legitimidad al proyecto soberanista. Se abrirá una "agenda exterior" que "partiendo de la voluntad de permanencia en la UE, articule la agenda internacional con las acciones de diplomacia internacional para explicar y buscar complicidades hacia el proceso de independencia", han indicado.
La acción exterior del nuevo Estado se contempla esencial.

Así, el programa incluye varios organismos destinados a potenciar la imagen internacional de la Cataluña independiente. Es el caso del Departamento de Asuntos Exteriores y de la UE, encargado de gestionar las relaciones con los países de la Unión, o la red exterior de oficinas de Comercio e Inversiones, con la que buscan priorizar la atracción de inversiones extranjeras.Creación de infraestructuras del nuevo Estado

La siguiente fase será la creación de infraestructuras del nuevo Estado. El plan sigue el diseño elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional, y contempla, entre otros, una Hacienda y Administración Tributaria propia, un sistema de seguridad, poder judicial, infraestructuras y servicios básicos.

Entre las estructuras prioritarias se contempla una Agencia Catalana de Protección Social, pieza básica sobre la que se articularán las políticas de protección social, entre ellas, las pensiones. El Consejo de Relaciones Laborales elaborará el nuevo marco laboral, una vez derogada la reforma española, como pretenden. El Consejo Fiscal de Cataluña será el encargado de diseñar e implementar la nueva política fiscal, se creará además un Banco de Cataluña con "funciones de banco central" y "parte integral", indican, del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Además, el Govern ha retado al Ejecutivo con que seguirá adelante con sus planes para la incipiente Hacienda catalana, pese a la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional de la Ley de la Agencia Tributaria de Cataluña, en la que se basa la integración "voluntaria" de funcionarios de la agencia en cuerpos dependientes de la Generalitat.Desconexión del Estado y elecciones constituyentes

Una vez elaborada la Constitución y con las estructuras 'a punto' el plan soberanista contempla la "problamación de la independencia que supondrá la desconexión respecto al ordenamiento jurídico español". Esto pasa por la aprobación de una Ley de transitoriedad jurídica que regulará "de forma provisional los elementos estructurales el nuevo Estado y las cláusulas generales dirigidas a garantizar [...] el ordenamiento jurídico del nuevo Estado y la continuidad y sucesión ordenada de las Administraciones".

Esta norma declarará la continuidad del derecho autonómico catalán, el español, el europeo y el internacional, además de la continuidad de los contratos del Estado y la Generalitat "mediante subrogación" y permitirá a los funcionarios y personal de la Administración del Estado "integrarse" en la Administración del nuevo país. El plazo apra su aprobación es de entre seis y ocho meses. Posteriormente se convocarán unas elecciones constituyentes, en un plazo máximo de 18 meses.

Aunque prevista en las encuestas, la victoria de los independentistas abre un escenario de notables incertidumbres. "La investidura de Mas no está clara y en ese caso, tendremos además un comunismo gobernando la Generalitat", advierte Ignacio López Balcells, vicepresidente de 'Catalans pel seny', asociación apartidista que defiende una salida dialogada al conflicto catalán y que en estos comicios ha pedido el voto por Unió.Este abogado mantiene sus reservas sobre la declaración unilateral de independencia, requerida por las CUP. "Es posible que la camuflen en un 'iniciamos el proceso' y traten de lograr los apoyos internacionales que hasta ahora no han conseguido. Todo eso llevará a una inestabilidad política, social y económica que personalmente me preocupa mucho. Hemos sobrevivido a siete años de crisis, y esto nos coge cansados", lamenta.

Josep Ramón Bosch, uno de los firmantes de 'La Tercera Vía' y presidente de 'Societat Civil Catalana', plataforma contraria a la independencia, avisa de la posibilidad de que sea el cabeza de lista Raül Romeva quien finalmente acabe asumiendo la presidencia. "Aguantará hasta después de las generales y se convocarán unas nuevas constitutivas en febrero o marzo, que serán aún más duras".¿Qué puede hacer el Estado?

La hoja de ruta soberanista se encontrará de frente con todo el aparato legislativo del Estado. Rajoy ha venido insistiendo en que el Gobierno no consentirá un "ataque frontal a la ley y a las normas de convivencia" tras las elecciones.

El Ejecutivo cuenta con el armazón legal del Constitucional y de la Fiscalía, que podrán exigir las correspondientes responsabilidades por incumplimiento de la Carta Magna. El Gobierno ha tratado de blindarse ante la cita del 27-S con la polémica reforma del Tribunal Constitucional, que faculta al órgano para imponer multas coercitivas a las autoridades que incumplan sus sentencias. También la Fiscalía tiene capacidad para exigir responsabilidades penales, que pueden contemplarse también por la vía de acusaciones particulares o populares. Así ocurrió, por ejemplo, en la consulta del pasado 9 de noviembre, cuando presentó una querella contra el president, Artur Mas y dos de sus consellers.

Como último recurso, el Gobierno cuenta también con el artículo 155 de la Constitución, que ampara la denominada 'suspensión de autonomía' y que reza que "si una comunidad autónoma no cumpliere con la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

La medida, que debería ser aprobada por mayoría absoluta del Senado, genera amplias divisiones en el Ejecutivo y no es del gusto de Rajoy, sobre todo por las repercusiones que tendría sobre la opinión pública. "Todas las posibilidades son reales", avisó, no obstante, el ministro de Defensa, Pedro Morenés. La lista de 'Junts pel Sí' ha advertido de que "en el caso que el Estado español, mediante decisiones político y/o jurídicas, bloqueara el autogobierno de Cataluña, el Gobierno y el Parlament procederán a la proclamación de la independencia y a la aprobación de la Ley de transitoriedad jurídica".