El congreso debate el martes una iniciativa de amaiur contra el fraude fiscal y la corrupción

El Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes una proposición no de ley de Amaiur en la que insta al Gobierno a tomar medidas para "combatir el insultante fraude fiscal practicado sobre todo por las grandes empresas y patrimonios" y para que instituciones y cargos públicos no tengan "atadura, dependencia o sometimiento a los intereses de los poderes económicos".

La formación independentista propone que no se reconozca legalmente a las sociedades constituidas en paraísos fiscales, impidiendo así que puedan operar mercantilmente en España, así como prohibir que las empresas cotizadas en Bolsa puedan contar con filiales o sucursales en paraísos fiscales.
Pretende que se realice una auditoría a todas las sociedades cuyo volumen de negocios sea superior a los 150 millones de euros y, en especial, a las que conforman el IBEX 35, en un plazo no superior a dos años.
Exige la supresión del régimen de las SICAV y una revisión general del sistema de exenciones y bonificaciones dadas al capital y sus inversiones con el fin de suprimir el "régimen privilegiado que ostentan y contribuyan de forma justa y equitativa a las cargas fiscales generales".
De igual modo, Amaiur aboga por una revisión general de la normativa vigente en materia de fraude fiscal y corrupción que implique la modificación de supuestos, períodos de prescripción, sanciones y penas, así como de la persecución de estos delitos para "atajar drásticamente estas consentidas lacras sociales".
Amaiur pone también sobre la mesa la necesidad de revisar la normativa sobre financiación de los partidos políticos para establecer, entre otros preceptos que un porcentaje mínimo de sus ingresos proceda de su base afiliada. También aboga por la prohibición de condonaciones o tratos bancarios de favor, asi como por la limitación sustancial de la cuantía de las donaciones privadas. Todo ello debe traducirse en "transparencia total de las cuentas" de las formaciones políticas.
La proposición no de ley establece también que "los cargos públicos remunerados en jornada completa tendrán incompatibilidad para la percepción de cualquier otro tipo de retribución pública".
Además, todos los sueldos de los cargos públicos serán referidos y actualizados conforme al importe del Salario Mínimo Interprofesional. En otro punto propone la "separación cautelar de los cargos electos tras su encausamiento por delitos relacionados con la corrupción", la "responsabilidad civil subsidiaria de los partidos" por los delitos que cometieran sus cargos públicos y la "prohibición de indultos en estos delitos, tanto para corruptos como para corruptores".
Asimismo, pide la "inhabilitación general y a perpetuidad de los corruptos para el ejercicio de la función pública y de los corruptores para contratar con la Administración" y que haya "responsabilidad civil subsidiaria de las empresas por los delitos y fraudes cometidos por sus directivos y consejeros en el ejercicio de sus cargos".
Todo ello, asegura esta formación, se debe traducir en una acentuación del "régimen de control interno y externo" y de la transparencia en la contratación pública, "sobre todo en los excepcionales casos de contratación directa, así como en la aprobación y ejecución de los planes e instrumentos urbanísticos y concesión de licencias".