Valencia.- El Consell podría reclamar al Gobierno el pago de los anticipos del Fondo de Competitividad en los tribunales ordinarios descartando, así, el recurso ante el Tribunal Constitucional, según ha asegurado hoy su vicepresidente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps.
En rueda de prensa, el conseller ha insistido en que varias autonomías han decidido ya seguir la vía judicial para reclamar esta financiación al Gobierno, aunque los recursos se harán de forma individual por tener "carácter institucional" y afectar a ejecutivos autonómicos "de diverso color político".
La reclamación del Consell se centrará en los 633 millones de euros que el Gobierno valenciano exige al central en concepto de anticipos de tesorería del Fondo de Competitividad.
"La vicepresidenta económica -Elena Salgado- nos dijo ayer a las comunidades presentes -en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en Madrid- que no se iban a producir esos ingresos, pero sus argumentos no son de recibo ni justifican esa decisión", ha añadido.
En su opinión, la norma que interpreta el Gobierno para no efectuar esos pagos es la misma que sí los permitió en 2009 y 2012, y "su interpretación no está por encima de la que puedan hacer los gobiernos autonómicos".
"También nos dijo la ministra que, como ya recibimos 11.000 millones de euros en fondos adicionales, no tenemos por qué recibir los fondos de competitividad, pero lo cierto es que a día de hoy hemos recibido un 16,37 % menos de fondos vía modelo de financiación. Al menos en el caso de la Comunitat, no dijo la verdad", ha agregado.
A su juicio, el Gobierno quiere "centrifugar" el déficit entre las comunidades y que éstas aparezcan "como despilfarradoras", y si no se producen los ingresos reclamados "la financiación per cápita de los valencianos se alejará más de la media".
"Dos años después de la puesta en marcha del nuevo modelo de financiación se nos da la razón a quienes advertimos de que era malo y complicado de aplicar", ha afirmado Camps.
Y la primera muestra, ha añadido, "la tenemos este ejercicio, en el que ya han anunciado varias autonomías que recurrirán a los tribunales para reclamar sus derechos, que además de justos son los que determinan que se cumplan los principios de solidaridad entre territorios y la igualdad entre las personas".
En este sentido, el conseller ha preguntado al presidente del Gobierno qué gastos debe recortar, si los de sanidad, educación, bienestar social, apoyo a las actividades productivas o infraestructuras.
"La transferencia de estos fondos a las autonomías en absoluto pondría en riesgo el que se pueda alcanzar el objetivo de estabilidad conjunto de las Administraciones Públicas, que será exactamente el mismo porque el cómputo es global. Queremos cumplir con el objetivo, pero nos lo ponen difícil", ha subrayado Gerardo Camps.
El conseller, sin embargo, se ha comprometido a "no dejar de atender el gasto social en ningún momento", y ha reiterado que el Ejecutivo autonómico ya ha realizado limitaciones de gasto en los capítulos 4, 6 y 7 de los presupuestos del presente ejercicio.
"Mientras se resuelve el litigio con el Estado, mantendré los ingresos del fondo de competitividad en el ejercicio actual, ya que estarán financiando unos gastos. Si finalmente no llegan estos fondos presentaremos mayor déficit a causa de la conducta del Gobierno", ha añadido.
En relación al déficit, Camps ha asegurado que la valenciana es la segunda región que más ha contenido su gasto en el pasado ejercicio, solo por detrás de Madrid, y ha añadido que "si crece la deuda en algunas autonomías es porque el Gobierno de España lo autoriza", de modo que ha señalado al Ejecutivo como "el primer irresponsable".
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