El Gobierno abordará una nueva regulación de las escuchas del sistema SITEL

  • La futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) que prepara el Gobierno abordará una nueva regulación del sistema utilizado por las fuerzas de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia para la interceptación legal de las comunicaciones, el conocido como Sitel.

Madrid, 5 jul.- La futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) que prepara el Gobierno abordará una nueva regulación del sistema utilizado por las fuerzas de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia para la interceptación legal de las comunicaciones, el conocido como Sitel.

Lo ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al ser preguntada, al hilo del caso Snowden, si puede garantizar que en España no se han interceptado comunicaciones de forma "indiscriminada" o sin autorización judicial.

Sáenz de Santamaría ha recordado que el ordenamiento jurídico español es muy restrictivo a la hora de autorizar cualquier escucha o interceptación de las comunicaciones en territorio nacional, que siempre debe contar con la tutela judicial.

No obstante, la vicepresidenta ha avanzado que la regulación de estos mecanismos de escucha formará parte de la "discusión" de la anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Precisamente, en la pasada legislatura el PP, en la oposición, solicitó al Gobierno socialista un incremento de las garantías jurídicas de las escuchas mediante una reforma de la LEcrim, petición que fue rechazada por la mayoría del Congreso.

En su proposición de ley, debatida en junio de 2010, el PP planteaba que no se pudieran grabar las conversaciones entre abogado y cliente, como había sucedido en el caso Gürtel, salvo que existan claros indicios de delito.

El texto de la iniciativa proponía también que el juez sólo pueda decretar la interceptación de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas o electrónicas cuando exista constancia de delitos graves y datos objetivos de que las grabaciones son necesarias para descubrir circunstancias relevantes en la investigación.

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