Sevilla, 11 feb.- El Gobierno andaluz ha "desmentido contundentemente" que el actual director general de Empleo, Daniel Rivera, siguiera las prácticas de su antecesor Francisco Javier Guerrero en la tramitación de los ERE, y ha subrayado que fue el que "lideró" las investigaciones al revelarse las irregularidades.
Un portavoz del Gobierno andaluz ha dicho a Efe que Rivera, imputado en el caso por la juez Mercedes Alaya, aprobó los pagos de expedientes ya tramitados y antes de que se conocieran las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Las mismas fuentes han insistido en que el actual director general de Empleo encabezó las investigaciones sobre los ERE y además propuso las primeras medidas cautelares cuando se supieron que existían anomalías en su concesión.
Las afirmaciones del portavoz del Gobierno se producen después de trascender que un informe de la Guardia Civil aportado al juzgado que investiga los ERE fraudulentos asegura que dos directores generales de Empleo y "responsables de la Consejería" siguieron dando formas a las resoluciones "arbitrarias" de Guerrero, también imputado.
El portavoz del Gobierno ha señalado que desconocen esa investigación de la Guardia Civil, y ha mostrado su "sorpresa" porque sólo lo han conocido a través de los medios de comunicación.
En su informe sobre la empresa Calderinox, al que ha tenido acceso Efe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que Guerrero concedió en febrero de 2008 una "ayuda excepcional" a esa empresa de 432.728 euros "de forma arbitraria", pues la cantidad "duplicaba la solicitud sin ningún tipo de justificación".
En las ayudas a Calderinox aparecieron dos "intrusos" que nunca habían trabajado en la empresa y que, según la Guardia Civil, fueron incluidos únicamente por su cargo: Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado provincial de la Consejería de Trabajo, y Antonio Fernández Garzón por su condición de afiliado al sindicado CCOO, tomador de la póliza.
Tras los actos de Guerrero, sus sucesores ya imputados por la juez, Juan Márquez Contreras y el actual titular, Daniel Rivera, "dan forma y continuidad a los acuerdos" y en el caso del primero de ellos firmó en diciembre de 2009 la concesión de las ayudas incurriendo "en varias omisiones intencionadas y falsedades".
Los sucesores de Guerrero en la Dirección General y los responsables de la Consejería "han continuado y han dado forma a los acuerdos a los que se comprometió éste, incumpliendo los trámites y sin la existencia de expediente alguno, mediante resoluciones posteriores en las que se ordenan pagos y se da por hecho la concesión de dicha ayuda", señala el informe.
La UCO implica también en las irregularidades de Calderinox al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ya imputado, que fue "el primer eslabón de la cadena", tuvo "conocimiento de todo lo que sucedía y participó en la inclusión de los intrusos".
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